A dos días de la ejecución de la pena de muerte del mexicano Rubén Ramírez Cárdenas, en Texas, Estados Unidos el Subsecretario para América del Norte, Carlos Manuel Sada Solana, informó que han interpuesto varias medidas para evitarla.
Acompañado del Director General de Protección a mexicanos en el Exterior, Jacob Prado; y el Consultor Jurídico de la Cancillería, Alejandro Alday; Sada comentó qué hay 75 mexicanos que están enfrentado procesos judiciales y podría derivarse en una penal capital.
En conferencia de prensa el funcionario comentó que 54 cuentan con la sentencia pena de muerte y de estos 33 son parte del grupo Avena.
El caso Avena, es el nombre del litigio iniciado por el Gobierno Federal del 9 de enero de 2003 en contra del gobierno estadounidense por condenar a la pena de muerte a 51 mexicanos sin informarles debida y oportunamente, al momento de ser aprehendidos, de su derecho a asistencia consular para su debida defensa.
Resaltó qué hay muchos estados en la Unión Americana que se ha abolido o suspendido definitivamente (la pena de muerte) pero en el caso de Texas no ha sido posible.
Indicó que la mayoría de los sentenciados es porque no tienen a sus representantes legales y son hispanos así como afros.
Sada señaló que la familia del sentenciado pidió una plática con la abogada que inició el caso, además solicitaron que el socio (Tony Castillo) del señor Cárdenas pudiera revertir sus declaraciones ya que a él le dieron una sentencia de 25 años.
“Están esperando que algo suceda que no lo ejecuten o que pospongan la ejecución y ojalá que se pueda lograr, están conscientes pero la situación se vuelve más crítica”, resaltó.
A Ramírez de 47 años, se le acusa por el secuestro, violación y asesinato de su prima hermana Mayra Azucena Laguna, de 16 años, ocurrido en febrero de 1997.
El 17 de febrero de 1997, el hombre originario de Irapuato y su amigo Tony Castillo entraron a la habitación de la víctima y se la llevaron a un paraje solitario donde se cometió el ataque.
dca