Vecinos del inmueble ubicado en General Manuel Rincón 142, colonia General Anaya, no se quedaron esperando a que las autoridades delegacionales o del gobierno central determinaran el estado de su edificio que quedó dañado con el sismo del 19 de septiembre, pues prefirieron organizarse y ellos mismos pagar el apuntalamiento del mismo.
Esta construcción es una de las de mayor antigüedad de las que se dañaron en la delegación Benito Juárez, pues data desde 1967; sin embargo, como el riesgo no es evidente, pues en el día del temblor el mayor daño eran vidrios rotos, los afectados acusaron desinterés por parte de las autoridades.
Fue hasta el 20 de septiembre que buscaron ayuda de dicha demarcación, la cual no obtuvieron pese a pasar por distintas áreas, por lo que optaron por una valoración particular.
“Nos hicieron un dictamen, dijeron que no era habitable por los daños. Todos los gastos han corrido por nuestra cuenta: el Director Responsable de Obra (DRO), el estructurista, el pago del arquitecto que trajo a su gente a trabajar para apuntalarlo”, comentó Mariana Pérez, quien compró su departamento ahí hace tres años.
Para el apuntalamiento, que costó 180 mil pesos, los vecinos también buscaron la forma de conseguir polines, compraron 200, que ascendieron a nueve mil 200 pesos, otros los consiguieron de inmuebles que ya no los requerían, como el de Álvaro Obregón 286 y 200 más se los dio la delegación, que fue “lo máximo que les quisieron otorgar”, acotó Julieta Esquivel, quien fue la que buscó el apoyo delegacional desde un principio.
Aunado a ello, los vecinos invertirán entre 250 mil y 300 mil pesos para estudios de mecánica de suelos, calas, corazones de acero y escaneos.
“El comisionado para la reconstrucción, Ricardo Becerra, rectificó que no estábamos en la lista oficial de la Plataforma CDMX (actualmente ya figuran). El viernes validaron el dictamen que tenemos de nuestro DRO y estructurista; pidieron que trabajáramos con los estudios y en los próximos días van a mandar su propio dictamen, y nos dirán qué sigue”, agregó Mariana Pérez.
Abre la Contraloría ocho pesquisas por desplomes
Eduardo Rovelo, titular de la Contraloría General de la Ciudad de México, aseveró que ante lo ocurrido en el sismo del 19 de septiembre es necesario que el Laboratorio de Obra Pública amplíe sus atribuciones hacia las construcciones hechas por particulares, para lo cual se requiere triplicar las funciones, estructura orgánica y capacidad de desempeño de dicho ente.
En marzo pasado, el laboratorio arrancó funciones para analizar el material empleado en la infraestructura en la capital del país, con el objetivo de garantizar la calidad de las obras y evitar casos como el de la Línea 12 del Metro.
Durante la atención de las dependencias en la etapa de reconstrucción, la Contraloría contribuyó con la revisión de inmuebles, en colaboración con el Instituto de Seguridad de las Construcciones. En ese sentido, señaló que la ampliación de las atribuciones del laboratorio permitirá determinar las causas de daños estructurales que pudiera sufrir alguna construcción.
“Ojalá que se amplíen esas atribuciones y el laboratorio también pueda ver obras de particulares y no solamente la obra pública (…). Yo creo que es importantísimo, que la ciudad cuente con un laboratorio de esta naturaleza de carácter científico y que amplíe sus atribuciones”, dijo.
Tras el evento para la entrega de certificaciones a contralores internos, el funcionario mencionó que el laboratorio, aunque es muy modesto, ha resultado útil en la vigilancia de las obras, sobre todo para garantizar la seguridad de los habitantes.
Recordó que la dependencia mantiene ocho investigaciones por el derrumbe de siete inmuebles que pudieran involucrar a funcionarios en deficiencias de las construcciones. La Contraloría realizará un plan para fiscalizar las adquisiciones y obra pública de las 16 delegaciones.
con información de Karla Mora
*edición impresa 24 Horas
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