Luego de los sismos de septiembre pasado, los diputados tienen la oportunidad de redefinir el gasto público y etiquetar recursos para apoyar en el proceso de reconstrucción de la infraestructura, señalaron especialistas del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM.
Alicia Girón González, coordinadora de la revista Problemas del Desarrollo del instituto, enfatizó que la población afectada no puede pagar por la reconstrucción de su patrimonio y para esta labor el país no debe depender de los donativos o el endeudamiento.
En tanto, Adolfo Sánchez Almanza, investigador de este instituto, añadió que las estimaciones oficiales para el proceso de reconstrucción indican la necesidad de obtener 48 mil millones de pesos, lo que representa el 0.2 del PIB, cifra menor a la que se requirió luego del sismo de 1985, pero sí implica el uso de recursos que no fueron contemplados en el Presupuesto de Egresos de la Federación, que se discute actualmente en la Cámara de Diputados, pues éste fue enviado al Congreso de la Unión antes de los siniestros.
Por su parte, la especialista Violeta Rodríguez del Villar dijo una parte de los recursos que se necesitan puede provenir de los fondos de inversión o fideicomisos que a lo largo del tiempo las secretarías de Estado o los gobiernos han establecido para diferentes proyectos.
“De estos fondos se podría disponer de hasta 50 mil millones de pesos que ya estaban etiquetados para la reconstrucción de vivienda”.
El problema es que la “solución” que plantean, implica el aumento de la deuda pública, que en caso de la Ciudad de México representa el pago de tasas más altas a las que usualmente cubre la federación.
“Esto puede llevar a que el gobierno cargue el costo a quienes fueron afectados, pues tienen menor capacidad de recuperar ingresos propios. No debe cargarse con deuda la recuperación”.
*edición impresa 24 Horas
caem