Son omnipresentes. Los vemos en los aeropuertos, las estaciones de trenes, los sitios turísticos o cerca de los edificios gubernamentales. Con sus fusiles de asalto al hombro, chalecos antibalas pegados al cuerpo y una mirada de desconfianza, militares, policías y gendarmes (entre siete mil y 12 mil elementos en todo el país, dependiendo del grado de peligro) patrullan día y noche los lugares más sensibles de Francia, recordándonos que la amenaza terrorista no se ha alejado. De hecho, vivimos en incesante alarma, en perpetua agitación. Habrá que acostumbrarse.
El despliegue de estos uniformados -en el marco de la llamada Operación Centinela para combatir el terrorismo- se inició en enero de 2015, justo después del ataque yihadista contra la revista satírica Charlie Hebdo. Diez meses más tarde, el 13 de noviembre de 2015, Francia sufrió los peores atentados de su historia, seis asaltos simultáneos perpetrados en París dejaron 130 muertos y más de 350 heridos. Desde esta fecha fatídica y hasta el 31 de octubre pasado, es decir, durante 719 días, el país vivió sumido bajo el estado de emergencia y de máxima alerta terrorista. Dicha medida de excepción, que declaró el ex presidente François Hollande tras los ataques bestiales de hace dos años, quedó reemplazada el 1 de noviembre pasado por la Ley Antiterrorista que puso en pie el sucesor de Hollande, Emmanuel Macron.
Oficialmente salimos del estado de emergencia, pero la emergencia persiste y el nivel de amenaza al que se enfrenta Francia sigue siendo extremadamente elevado.
Ahora bien, ¿en qué consiste la novedad? Básicamente en la terminología. Resulta que los poderes excepcionales atribuidos al gobierno bajo la situación de urgencia y otros dispositivos de la expirada excepcionalidad pasan a formar parte de la nueva y polémica Ley Antiterrorista; dicho de otro modo, se incorporan al derecho común las medidas que Amnistía Internacional y varias ONG califican de liberticidas.
La ley recién aprobada, que tanto se parece a la “Patriot Act” promulgada en Estados Unidos tras el 11-9, permite a la Policía realizar redadas, registros domiciliarios o arrestos de sospechosos sin tener que rendir cuentas a la autoridad judicial. Además, le da luz verde para imponer restricciones de movimiento, vigilancia electrónica o el cierre de mezquitas que inciten al odio.
La disposición más criticada es la que prevé ampliar los controles de identidad a un radio de 10 kilómetros alrededor de puertos, aeropuertos y estaciones de tren, ahí donde hay mayor concentración de extranjeros en situación irregular. Está claro que se usará la nueva ley para frenar la migración, advierten diversas ONG.
El equilibrio entre las libertades públicas e individuales de las que es garante el Estado de derecho se vuelve cada vez más frágil. Pero los franceses, traumatizados por los atentados, que desde enero de 2015 dejaron sin vida en su país a 239 personas, aplauden la nueva normativa. Ocho de cada 10 galos privilegian la seguridad en detrimento de la libertad.
En Francia, la excepción ya se convirtió en norma. ¿Impedirá esta situación que se produzcan nuevos atentados?