MADRID.- El Tribunal Constitucional español anuló ayer la declaración unilateral de independencia aprobada por el Parlamento de la región de Cataluña el 27 de octubre pasado y que con anterioridad ya había suspendido cautelarmente.
El pleno del Constitucional decidió, además, denunciar por desobediencia a sus sentencias a la ex presidenta de la Cámara autonómica, Carme Forcadell, y a dos de los integrantes de la Mesa, que es su órgano rector.
Se trata de las medidas que había solicitado el Gobierno español en su recurso, que jurídicamente se denomina incidente de ejecución.
En ese recurso el Ejecutivo advertía de los “evidentes efectos jurídicos y vinculantes” de la declaración secesionista, que fue aprobada en una votación secreta por setenta votos a favor, dos abstenciones y diez votos en contra, mientras más de medio centenar de diputados abandonó el hemiciclo en desacuerdo con la iniciativa.
El Tribunal Constitucional tenía un plazo máximo de cinco meses para ratificar o levantar la suspensión y ha resuelto en menos de diez días.
Forcadell y otros cinco miembros de la Mesa del Parlamento autonómico están convocados hoy ante el Tribunal Supremo para prestar declaración por los supuestos delitos de rebelión y sedición, entre otros.
En tanto, una huelga general convocada ayer en Cataluña por partidarios de la independencia transcurrió con decenas de carreteras cortadas, mientras algunos servicios de transporte público fueron interrumpidos, afectando a miles de usuarios.
La huelga fue convocada por simpatizantes de los independentistas para demandar la derogación del decreto del Gobierno central que facilita el cambio de domicilio social de empresas para su salida de Cataluña.
Las asociaciones secesionistas ANC y Òmnium Cultural, cuyos líderes están en prisión provisional por cargos de sedición, se sumaron a la huelga y anunciaron una gran manifestación para el 11 de noviembre.
Grupos de manifestantes cortaron desde primera hora de la mañana más de medio centenar de puntos de 30 carreteras catalanas, según el servicio de Tránsito del gobierno regional, la mayoría de ellos en Barcelona.
Los manifestantes portaban pancartas en las que se pedía libertad para los “presos políticos”. Se registraron algunos altercados cuando la policía intentó desplazar a los manifestantes, según mostraron imágenes de televisión y videos.
Además de los líderes de ANC y Òmnium, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, ocho miembros del depuesto Gobierno catalán se encuentran en prisión preventiva por cargos de rebelión, sedición y malversación tras la celebración del referéndum indepndentista declarado ilegal .
Las protestas alcanzaron al servicio de trenes en Cataluña, donde la compañía española de ferrocarriles (Renfe) suspendió el servicio en la estación de Sants de Barcelona, principal nudo ferroviario de la capital catalana, donde unos 400 manifestantes bloquearon durante horas las vías.
Los manifestantes bloquearon las vías del tren de alta velocidad (AVE) que desde Barcelona parten o llegan, procedentes de Madrid, Zaragoza (norte) y las provincias catalanas, pero también las vías de los trenes de cercanías que conectan la capital con su área metropolitana, en la que residen 3.2 millones de personas.
*edición impresa 24 Horas
caem