La corrupción es absolutamente inaceptable y, si aspiramos a la consolidación de las instituciones que resultan fundamentales en un Estado Constitucional y Democrático de Derecho, debe combatirse con la mayor energía, sin tregua, sin demora y sin descanso, aseveró Luis María Aguilar Morales, Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF).
Durante la inauguración de la XII Asamblea General Ordinaria de la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia A.C. (AMIJ), en el Centro de Convenciones Campeche XXI, señaló que el binomio corrupción-impunidad es un pesado lastre que enfrenta nuestra sociedad por sus enormes repercusiones sociales, económicas y políticas.
Como parte de las actividades de la Asamblea General, el Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo coordinó los trabajos y participó en el Panel de análisis Las contribuciones de la judicatura nacional en la estabilidad del Estado Democrático de Derecho y sus instituciones, así como los retos que enfrentan los jueces, de cara al proceso electoral 2018.
En el mensaje ante juzgadores de todo el país, el Ministro Aguilar Morales sostuvo que la esencia del juez, su inherente independencia, es absolutamente incompatible con la corrupción.
“Tolerar la corrupción es ir en contra de la naturaleza de la impartición de justicia; es propiciar la destrucción de todo el sistema judicial; es perder la credibilidad de nuestra institución que tiene como finalidad inalterable la defensa de los derechos y la protección de los gobernados frente a la arbitrariedad”.
El sistema acusatorio
Reiteró que no es tarea ni responsabilidad del Poder Judicial de la Federación mejorar las condiciones de seguridad del país: “nosotros cumplimos juzgando frente a la sociedad, conforme a los derechos reconocidos por la Constitución y esa labor no la vamos ni podemos abandonar por cualquier crítica”.
El Ministro Presidente recordó que el sistema acusatorio no es un sistema de prisiones o libertades, no se trata de ocurrencias de los jueces, sino de un sistema sustancial de protección de derechos fundamentales.
A los jueces no les toca más que cumplir y acatar las obligaciones que les imponen la constitución y la ley, por la protección de los derechos de todos: de la sociedad, de los inculpados, en especial de las víctimas, y en beneficio de México, expuso.
“Los jueces tienen ante sí una gran responsabilidad de hacer realidad los principios del Nuevo Sistema, siempre en el respeto a los derechos fundamentales y legales que amparan a toda persona en nuestro país”.
La seguridad es un valor fundamental de la vida social, es una condición indispensable para vivir en una sociedad organizada, dijo.
“Sin seguridad jurídica, sin la actuación de todos dentro del marco de la ley no puede haber valores básicos que respetar, no sería posible que la justicia exista si no hay seguridad jurídica básica que la protege”.
Proceso electoral del año
Manifestó que para que el derecho sea una realidad se necesita contar con la seguridad que permita aplicarla, y por eso la ley, por su naturaleza, puede ser exigida coactivamente, o sea, sancionando al que no cumple con la ley.
En los albores del proceso electoral del año próximo debe reafirmarse que una de las misiones que tiene el Estado es garantizar la seguridad jurídica, destacó.
“Y la cosecha de esa labor es invaluable, porque la seguridad jurídica genera certeza en todos, permite la convivencia y permite la paz”.
Exhortó a los asistentes, como impartidores de justicia, a tener presente que son servidores de la ley suprema para poder ser libres; y que servir a la Constitución es consolidar a la democracia.
Ante el Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo; Alejandro Moreno Cárdenas, Gobernador del Estado de Campeche; Magistrado Miguel Ángel Chuc López, Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Campeche; explicó que esta Asamblea General de la AMIJ tiene el propósito de analizar las contribuciones de la judicatura nacional en la estabilidad del Estado democrático de derecho y sus instituciones, así como los retos que enfrentan los jueces, de cara al proceso electoral de 2018.
Destacó que los tribunales y los jueces, mediante sus resoluciones, en pleno ejercicio de control constitucional, son elementos potenciadores de legitimidad y gobernabilidad porque disponen de importantes funciones en el proceso político con capacidad de decisión última en asuntos de alta importancia en el ejercicio del poder.
La justicia penal actual
Apuntó que la independencia judicial es piedra angular del Estado Democrático de Derecho. “Sin la confianza de los ciudadanos, el Estado de derecho se desmorona y la estabilidad social peligra”.
El Ministro Presidente detalló que una de las mesas de trabajo abordará el tema La justicia penal actual y su contribución al Estado Constitucional y Democrático de Derecho. Al respecto, expresó que el Poder Judicial de la Federación ha asumido sus obligaciones en el marco del nuevo sistema y, sobre todo, de su compromiso por seguir adelante.
Otra de las mesas, dijo, expondrá el tópico Género y Democracia. Las aportaciones de las decisiones judiciales con perspectiva de género y sus contribuciones al Estado Constitucional y Democrático de Derecho.
Planteó que la obligación de juzgar con perspectiva de género exige a quienes imparten justicia que actúen remediando los potenciales efectos discriminatorios que el ordenamiento jurídico y las prácticas institucionales pueden tener en detrimento de las personas, principalmente de las mujeres, y resolviendo los casos prescindiendo de cualesquiera cargas estereotipadas que resulten en detrimento de mujeres u hombres .
“Como jueces, podemos no solo contribuir con nuestras sentencias a romper tratos discriminatorios y a favorecer la igualdad, pero no será suficiente si en casa, en la familia, no hacemos el mismo esfuerzo”.
Justicia Electoral y Democracia
En otra de las mesas de trabajo se planteará el tema de la Justicia Electoral y Democracia. En ese sentido, destacó la encomiable labor del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), la cual ha estado comprometida, históricamente, con la protección efectiva de los derechos político-electorales de los ciudadanos para potenciar su ejercicio.
Con la postulación de los derechos humanos como principio rector del orden jurídico, influyendo en la observancia irrestricta del principio de equidad a nivel nacional, se ha ido ganando una multiplicidad de espacios de credibilidad y consolidado también como un órgano indispensable para preservar el sano desenvolvimiento democrático, destacó.
“El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en las circunstancias históricas por las que atraviesa el país, ha asumido de manera definitiva su carácter de órgano garante que otorga y maximiza la mayor protección posible de los derechos político electorales”, concluyó.
ERM