Barcelona.- El presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, defendió ayer el cese del Ejecutivo catalán y la convocatoria de elecciones regionales porque “había que recuperar el respeto a la libertad y la convivencia” y poner fin al “delirio” de los independentistas.

 

Rajoy, además, hizo un llamado a la “mayoría silenciosa y silenciada” no independentista de Cataluña para que llene las urnas el 21 de diciembre, en unos comicios que, según dijo, serán “limpios y legales para restaurar la democracia”.

 

El mandatario español viajó ayer a Barcelona por primera vez desde la puesta en marcha de esas medidas el pasado 27 de octubre, tras la declaración de independencia que tuvo lugar en el Parlamento catalán, posteriormente suspendida por el Tribunal Constitucional español.

 

Entre esas medidas, amparadas en el artículo 155 de la Constitución, estaban el cese del Gobierno catalán, la disolución de su Parlamento y la convocatoria de elecciones regionales el próximo 21 de diciembre, que Rajoy, según dijo ayer, tomó después de “haber agotado todas las vías”.

 

“Había que recuperar el respeto a la libertad y la convivencia y era urgente restituir el autogobierno y el interés general” para frenar la “escalada de agresión a la convivencia”, argumentó el jefe del Gobierno español en un acto de su partido (PP, centro-derecha) en Barcelona.

 

Subrayó que era además “inaplazable devolver la legalidad a las instituciones en Cataluña”. “Por eso lo hicimos y no por otra razón”, concluyó.

 

Rajoy, al tomar esas decisiones, contó con el apoyo de los socialistas (PSOE), primer partido de la oposición, y de los liberales de Ciudadanos.

 

Ese apoyo del PSOE tuvo consecuencias en Cataluña y el partido de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, decidió romper el pacto de gobierno que mantenía con los socialistas.

 

La alcaldesa aseguró ayer en su cuenta de Twitter que la ruptura del pacto “ha sido una decisión difícil” y deseó que los socialistas recuperen pronto las “alianzas de izquierda”.

 

Colau, una figura muy destacada en la política catalana y que procede de los movimientos ciudadanos afectados por la crisis económica, no se ha manifestado como independentista pero ha defendido el derecho de los catalanes a decidir sobre esta cuestión.

 

El intento de secesión en Cataluña, además de las consecuencias políticas, ha tenido también consecuencias judiciales, ya que ocho miembros del cesado Gobierno catalán están en prisión provisional, investigados por presuntos delitos de rebelión, sedición y malversación de fondos públicos.

 

Además, el expresidente catalán Carles Puigdemont y cuatro miembros de su antiguo gabinete viajaron a Bruselas para no presentarse ante la Justicia española.

 

 

 

*edición impresa 24 Horas

 

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