La Auditoria Superior de la Federación (ASF) dio a conocer una serie de irregularidades que vinculan al Partido del Trabajo a posible enriquecimiento ilícito a través de los Centros de Desarrollo Infantil (Cendi) que administra en 12 estados de la República.
La ASF detectó que 120 millones de pesos no fueron justificados ni comprobados en el gasto declarado por el programa Cendi.
En Nuevo León, el gobierno del estado depositó en la cuenta de María Guadalupe Rodríguez Martínez, esposa del dirigente nacional del PT Alberto Anaya, la cantidad de 100 millones de pesos para uso del programa Cendi en el estado. Sin embargo, no se comprobó que el dinero llegara a las cuentas del programa.
En Puebla, el sexto Cendi ubicado en Tehuacán, cuyo costo fue superior a los 15 millones de pesos y que fue inaugurado en 2014, permanece en abandono desde el día siguiente a su inauguración, es decir tres años y medio sin que las instalaciones y el equipo sean empleados para cumplir la función a la que fueron destinadas.
La diputada del Partido del Trabajo en Puebla, Lizeth Sánchez declaró que no habían los recursos para operar el Centro. Además mencionó como impedimentos para la operación del Cendi Tehuacán un cambio de administración y los sismos, todos ocurridos en este año.
La coordinadora del Centro de Desarrollo Infantil Octavio Paz, ubicado en Cuautlancingo, Esther Martínez declaró que el mantenimiento de los centros tiene un costo que oscila entre los 5 y 6 millones de pesos, los cuales son otorgados por la Secretaría de Educación Pública (SEP).
Martínez dijo que los Cendis trabajan con niños de escasos recursos, a los cuales se les pide una cuota anual de 930 pesos y quincenalmente entre 270 y 370 pesos por gastos de alimentos, los cuales son determinados por un estudio socioeconómico que se les realiza.
La ASF detectó en 2014 que dentro del Sistema CADI, nombre dado al programa Cendi en el estado de Durango, existe una tendencia partidista puesto que es administrado por militantes del partido PT; de sus 612 elementos, 338 estaban afiliados al partido.
Además la ASF afirmó que los Cadi de Duarango presentan una falta de equidad y transparencia en los criterios con los que operan. Reportó la dependencia que cerca de 3 millones de pesos no fueron justificados ni comprobados por el programa en el estado.
Asimismo se reportó que la directora general de sistema Cadi en Durango, María de Jesús Páez Güereca, está casada con Alfonso Primitivo Ríos, ex dirigente del PT del estado.
En Colima, la directora de los Cendis Evangelina Bustamante Morales, está casada con el diputado del PT Joel Padilla.
En 2014 la ASF reportó un probable daño o perjuicio a la Hacienda Pública Federal, por un monto de 85 millones de pesos, recursos federales entregados por el Estado de Colima y cuya documentación para comprobar en qué fueron empleados no se proporcionó.
Con información de Despierta
fahl