Sin duda, este miércoles se dio un gran avance para la libertad de expresión por parte de los ministros de la Suprema Corte de Justicia, quienes al conceder un amparo están ordenando al Congreso de la Unión regular la publicidad oficial que otorga el Estado a los medios de comunicación.
Una solicitud que por más de 10 años habían hecho medios y organizaciones de la sociedad civil, y que se supondría que habría desde la reforma constitucional de 2014.
Tras estos años de no discutirse el tema en ninguna de las dos cámaras, este martes la Primera Sala de la SCJN analizó un amparo interpuesto por la asociación civil Campaña Global por la Libertad de Expresión Artículo 19, la cual expuso la omisión del Congreso de la Unión de expedir la ley reglamentaria del párrafo octavo del artículo 134 de la Constitución, que regula el gasto en materia de comunicación social.
El ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea fue el encargado de elaborar el proyecto de sentencia, mismo que fue aceptado por cuatro votos a favor y uno en contra, proyecto que acredita que el Congreso de la Unión omitió emitir desde la reforma constitucional del 10 de febrero de 2014 un reglamento que regule el gasto en materia de comunicación social.
Del estudio realizado en el proyecto, señala Zaldívar, “se desprende el Congreso de la Unión incumplió totalmente su obligación de regular y legislar”. El ministro Zaldívar apuntó, en su proyecto, que esta omisión da lugar a un estado de cosas inconstitucional que vulnera la libertad de expresión en su dimensión colectiva y también se traduce en una clara afectación a la dimensión individual de la libertad de expresión de la quejosa.
Destaca que, para la SCJN, la ausencia de esta regulación propicia que la política de gasto en comunicación social canalice los recursos fiscales hacia medios afines a las posiciones del gobierno y niegue el acceso a esos recursos —o simplemente se amenace con restringirlo— a los medios de comunicación que son críticos con las políticas del gobierno. Por lo que una mayoría de ministros votó a favor del proyecto.
Es importante destacar que la sentencia de la Corte o este amparo otorgado en ningún caso supone algún pronunciamiento sobre las contrataciones que el Estado o las entidades federativas hagan de espacios de publicidad con medios de comunicación específicos en ausencia de la legislación respectiva.
Por lo tanto, la sentencia sólo plantea conceder el amparo para el efecto de que el Congreso de la Unión cumpla con la obligación establecida en el artículo tercero transitorio del decreto de la reforma constitucional de 10 de febrero de 2014 y, en consecuencia, proceda a emitir una ley antes de que finalice el segundo periodo ordinario de sesiones, es decir, antes del 30 de abril de 2018.
Una mala noticia…
En estos días se anunciará la salida de Eréndira Cruz Villegas, la fiscal especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas de la PGR, lo cual será una gran pérdida, pues en el tiempo que estuvo ahí comenzó a construir el banco de ADN y las familias de los desaparecidos finalmente se sentían atendidas. En muchos casos había avances importantes; ahora la PGR tendrá una vacante más. El problema es que dejen ir a buenos funcionarios y se queden sólo encargados que no resuelven nada.