La Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede  en San José, Costa Rica, inició ayer una audiencia pública que concluye este viernes por el caso de 11 mujeres víctimas de violencia sexual en San Salvador Atenco, en mayo de 2006, por parte de elementos de seguridad.

 

El 4 de mayo de ese año, la Policía del Estado de México y la Policía Federal Preventiva entraron armados al poblado de San Salvador Atenco; en el operativo, más de tres mil elementos policíacos enfrentaron la resistencia de un reducido grupo del Frente de Pueblos.

 

La comisionada Margarette May Macaulay, delegada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, calificó como necesario que se logre la no repetición de torturas y ataques.

 

Destacó que el Estado mexicano no cumplió con las recomendaciones planteadas en un informe de diciembre de 2015, específicamente porque ningún policía ha sido sentenciado por estos hechos.

 

Indicó que la impunidad es un factor esencial que perpetúa la violencia y la discriminación basada en género.

 

La comisionada subrayó que existen elementos de diferentes corporaciones policiacas,  quienes presuntamente cometieron actos de tortura física, psicológica y sexual, que incluyeron violaciones.

 

En su intervención, Norma Aidé Jiménez una de las víctimas, relató que varios policías la golpearon hasta tirarla al piso y la arrastraron hasta un camión.

 

“Me llevan al último asiento del autobús; eran más de tres, me atacan todos al mismo tiempo. Me arrancan el pantalón, comienzan a tocarme, me muerden, me levantan el suéter para que sólo me cubra los ojos”, recordó.

 

La jueza Elizabeth Odio Benito le cuestionó  si  concluyó su carrera en Artes Plásticas, a lo que respondió que no, porque “mis dedos resultaron lastimados por los golpes que recibí y me tomó mucho tiempo retomar mi vida”.

 

 

El Estado responde

En tanto Uriel Salas, uno de los abogados representantes del Estado mexicano, reiteró que el Gobierno federal condena categóricamente cualquier violación a los Derechos Humanos que ocurra dentro o fuera de su territorio, en particular, todo acto de discriminación y violencia y de violencia contra las mujeres.

 

Por otra parte el subsecretario de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Miguel Ruiz Cabañas, reiteró que el Estado tiene la firme determinación de proceder a la reparación integral de los daños.

 

“Ellas han pedido una investigación de todos los presuntos responsables, nosotros sostenemos que esa investigación, si bien no está concluida, sí está muy avanzada”, puntualizó.

 

 

 

*edición impresa 24 Horas

 

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