La Ley para la Reconstrucción y Recuperación de la Ciudad de México que aprobará la Asamblea Legislativa del DF, como consecuencia del sismo del 19 de septiembre pasado, implica un importante despliegue de recursos para preservar los derechos humanos lesionados por el movimiento telúrico, además de garantizar los servicios vitales y la reparación de la infraestructura urbana.
Es por ello que sus ejes fundamentales son la preservación y salvaguarda de los derechos humanos de las personas que se vieron afectadas por el sismo, como el derecho a la vida, a la educación y al trabajo, entre otros.
Entre los contenidos de la ley se considera la creación del Fondo para la Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la Ciudad de México como el mecanismo por el que se financiarán las labores de rehabilitación y reconstrucción de las viviendas dañadas. El Fondo se constituirá con los recursos que destinen el Gobierno federal y el Gobierno de la ciudad, así como de las aportaciones del sector privado.
Es importante destacar que las normas para la reconstrucción garantizan que sea el Gobierno de la CDMX la instancia que asuma una parte importante de los costos. Adicionalmente establece las acciones que permitirán la reparación del daño a las familias que perdieron su patrimonio, garantizando el acceso a una vivienda digna y adecuada, por lo que determina reglas de reconstrucción para viviendas multifamiliares y unifamiliares.
Para la Asamblea Legislativa, la perspectiva de esta ley no debe limitarse a la recuperación física de inmuebles, sino como una oportunidad para fortalecer la integración, la cohesión social y la resiliencia.
Del mismo modo, refiere al apoyo económico que se otorgará a las familias cuyo jefe o jefa de familia haya fallecido o hubiera quedado incapacitado parcial o totalmente a consecuencia del sismo, así como beneficios a las madres solteras, personas de la tercera edad y pensionados, entre otros.
Otro punto relevante es que la legislación establece que la Administración Pública y los órganos político-administrativos de la metrópoli otorgarán facilidades administrativas y de orientación en la gestión o regularización de documentos que sirvan para la acreditación de propiedad, además de permisos, autorizaciones e integración de expedientes en cuanto a la construcción. También considera la actualización de Atlas de Riesgo de la Ciudad y señala la publicación de su versión pública.
El verdadero objetivo de esta norma es lograr la reconstrucción integral en la capital no sólo en la parte relativa a la edificación de las viviendas dañadas, sino como una oportunidad para restablecer el tejido social, con seguridad y certeza jurídica, además de corregir factores de vulnerabilidad.