El 24 de noviembre pasado se aprobó la Ley para la Reconstrucción y Recuperación de la Ciudad de México en una capital cada vez más resiliente, con el voto favorable de la mayoría de los grupos parlamentarios y coaliciones representados en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y el voto en contra de los damnificados de un solo partido (Morena).

 

Durante el debate en el pleno se presentaron dos visiones sobre el tema de la reconstrucción de viviendas para las familias afectadas por el sismo. Una, que logró el acuerdo y consenso de la mayoría de las expresiones políticas de la ciudad que tienen como objetivo primordial lograr una reconstrucción basada en la preservación de los derechos humanos de los damnificados; y otra, de un partido que se dice movimiento, y de manera persistente ha buscado sacar raja política con evidente interés electoral que, además, funda su retórica en mentiras y demagogia.

 

La primera, que representa a la mayoría en el máximo órgano legislativo, busca resarcir los daños a las familias que vieron afectado su patrimonio, en el menor tiempo posible. En tanto que la otra sólo pretende ganar votos y ve a los damnificados como clientela electoral.

 

Por cierto, estos partidarios del NO a todo anunciaron, como lo hicieron con el Código Electoral, el Sistema Anticorrupción y más recientemente con la elección de la Mesa Directiva de la ALDF, recurrir a la impugnación judicial de la Ley de Reconstrucción; pero como en todas las ocasiones anteriores, no procedió su intentona de obstaculizar que las políticas en beneficio de la población capitalina continúen.

 

Con la publicación en la Gaceta Oficial de la CDMX de la Ley de Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la CDMX, de encontrarlo pertinente, el gobierno de la ciudad podrá dar paso a materializar la reconstrucción integral de la capital, además de facilitar los beneficios que otorga, como el apoyo económico a las familias cuyo jefe o jefa de familia haya fallecido o hubiera quedado incapacitado parcial o totalmente a consecuencia del sismo, así como a las madres solteras, personas de la tercera edad y pensionados.

 

Pero aún más, la ley establece diversos mecanismos de financiamiento en la reconstrucción de viviendas, que en 80% de los casos será a título gratuito. Por cierto, a este respecto, los partidarios del NO proponían en la iniciativa que presentaron el 4 de octubre, en voz de su coordinador parlamentario, que se estableciera “un programa de créditos blandos para los afectados”, misma que hoy niegan y reclaman. Afortunadamente su propuesta no prosperó.

 

Con la ley en vigencia se caminará hacia una restauración integral de la ciudad con seguridad y certeza jurídica para todos los damnificados.

 

Aunque, hay que decirlo, es lamentable que un instrumento legal que coadyuve a resarcir el daño que sufrieron familias capitalinas por el movimiento telúrico de septiembre pasado sea parte del botín político de quienes anteponen su interés electoral, a costa del dolor de la gente.

 

Allá ellos y su doble moral.