Si no sucede un contratiempo, la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados, que preside Mercedes Guillén Vicente –o Paloma, como ella misma se llama-, discutirá y aprobará la controvertida Ley de Seguridad Interior.
La Comisión, que estuvo hibernando por meses, sesionará hoy, a las 8:30 horas, con la intención de que, una vez aprobada la ley, se pueda llevar directo al pleno para su votación.
La Ley de Seguridad Interior es una demanda de las Fuerzas Armadas que reclaman un marco jurídico que dé certeza sobre las acciones en las que participan para garantizar la seguridad pública.
Han sido varias veces las que públicamente, el secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, ha criticado la ausencia de ese marco jurídico y ha dicho que si por él fuera, los soldados regresarían a los cuarteles.
Ayer, el presidente Enrique Peña dijo que la Ley de Seguridad Interior “dejó de ser una valiosa propuesta para convertirse en una imperiosa necesidad’’.
Las palabas de Peña se convirtieron en orden; así que la maquinaria del PRI, que tiene mayoría en la Comisión de Gobernación, se prepara para aprobar dicha ley.
En contra está la oposición que considera que aprobar dicha ley, sin consultar antes a los expertos y ciudadanos, equivale a militarizar al país, a criminalizar la protesta y legitimar la violación a las garantías individuales.
La discusión se prevé calentita, pero no parece que a la oposición le alcancen los votos para oponerse a su aprobación en la Comisión de Gobernación ni en el pleno.
La sesión de hoy promete.
Entrada la tarde sesionaban en las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Seguridad Pública para aprobar o no, la propuesta panista de Mando Policial Mixto.
El argumento a favor de esta iniciativa, según los panistas, es que no se pueden “medir’’ igualmente las Policías municipales de, por ejemplo, Mérida y Monterrey, que son altamente eficientes, con las de municipios más chicos.
Por ello, proponen que en los municipios en donde las Policías estén trabajando bien, el mando siga siendo el edil y, en caso contrario, que sea el Gobierno estatal el que asuma el mando de las Policías locales ineficientes.
El PRI rechazó el argumento porque consideró que el esquema genera confusión, carga de trabajo al Gobierno federal al hacerlo responsable de la evaluación de las Policías, tarea que debe ser del Estado, y provocaría “un vaivén de recursos’’ injustificado.
Será ésta una batalla perdida por el PAN y sus socios.
Lo que sí ganó la oposición es la eliminación -¡por fin!- del pase automático del titular de la Procuraduría General de la República a la nueva Fiscalía General.
Por unanimidad, los diputados de la Comisión de Puntos Constitucionales, que preside Guadalupe Acosta Naranjo, votaron a favor de la modificación del artículo Sexto Transitorio del decreto de reforma constitucional en materia político-electoral, publicado el 10 de febrero de 2014.
Lo que no pasó es un candado propuesto por Acosta Naranjo, para impedir que cualquier ciudadano que hubiera ocupado un cargo público o partidista los últimos cuatro años, estuviera impedido de ser elegible fiscal.
Como a la muy tradicional usanza del PRI, ayer se dejaron ver en un restaurante de la Tabacalera José Antonio Meade y Miguel Ángel Osorio Chong, para que todo México se enterara de que no hay división ni encono.
Es una viejísima película que hemos visto por años.
La última fue el encuentro, también en un restaurante muy concurrido por opinólogos, entre Manlio Fabio Beltrones y Enrique Ochoa Reza, luego de que el sonorense no estuviera en la toma de protesta de su sucesor.
Y ya sabemos cómo siguió la historia.