El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) investiga al juez José Díaz de León Cruz, por presuntamente pedir moches a sus subordinados bajo la amenaza de conservar su empleo en el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal de la Ciudad de México.
De acuerdo con el expediente, cuya copia ostenta este diario, el CJF ordenó la investigación interna luego de una denuncia anónima, donde una empleada relató como le entregó cada mes, durante poco más de un año, cinco mil pesos en efectivo para que pudiera conservar su empleo.
En esa misma situación estarían al menos otros siete empleados (la mayoría con plazas administrativas temporales) a quien Díaz de León Cruz les habría exigido moches de entre cinco mil y 12 mil pesos de su salario, así como una parte de sus bonos y aguinaldos.
La denunciante narró que el juez federal le argumentó que los recursos entregados mes a mes, en efectivo y en un sobre amarillo, eran para otros altos mandos del Poder Judicial, que los exigían con la promesa de otorgarle el empleo de base en un futuro.
“Me dijo que el monto a entregarle quedaría en cinco mil pesos mensuales, más una cantidad similar cuando recibiera bonos y aguinaldo”, indica la presunta víctima de extorsión en el expediente del CJF contra el juez federal.
La supuesta víctima agrega que en enero de este año tuvo conocimiento de que otros empleados del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal de la Ciudad de México también entregaban mensualmente parte de su salario al juez federal.
Ante ello, indica, le reclamó al juzgador, y él “sin permitirme hablar, de manera tajante me contestó que mientras él no diga lo contrario, la situación seguiría igual”.
Tras enviar su denuncia anónima, el Consejo de la Judicatura abrió el expediente y, desde agosto, lleva a cabo la investigación, porque existe la presunción de que el juez Díaz de León “exige periódicamente a diversos servidores públicos del Poder Judicial de la Federación distintas cantidades de dinero en efectivo a fin de conservarles sus nombramientos o, bien, por haberlos recomendado en otros órganos jurisdiccionales”.
En el documento donde el CJF ordena investigar la actuación del juez, se revela que al menos tiene descuentos por 65% de su salario, de 2.6 millones de pesos anuales, por concepto de pensiones alimenticias.
La víctima de la extorsión coloca como hipótesis la exigencia de moches a los trabajadores, debido al alto monto que le descuentan por pensiones alimenticias.
Ante el testimonio de denuncia, el Consejo ordenó que se obtuvieran los testimonios de los involucrados y facultó al contralor del Poder Judicial para pedir a la Comisión Nacional Bancaria y la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda que indaguen las operaciones financieras, fiscales, bancarias y patrimoniales del juez y su familia directa, tanto en México como en el extranjero.
*edición impresa 24 Horas
caem