Relatores de la ONU y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) lamentaron hoy la ineficacia de las instituciones mexicanas para evitar la violencia contra periodistas e instaron al Gobierno a incrementar los recursos dedicados a su protección.
Estas son las conclusiones preliminares a las que llegó el equipo de la ONU y de la CIDH tras su visita de seguimiento sobre la libertad de prensa en México, durante la cual se reunieron con unos 250 periodistas y defensores de los derechos humanos.
Los relatores David Kaye y Edison Lanza presentaron en la capital mexicana una serie de recomendaciones para mitigar la violencia contra la prensa, tras visitar los estados de Guerrero, Sinaloa, Veracruz y Tamaulipas, donde el crimen organizado amenaza y asesina a periodistas.
“El Gobierno mexicano nos recibió a primera hora del día de hoy y aún no nos ha dado respuesta, pero recibió nuestras recomendaciones de manera positiva”, aseguró Lanza, relator especial de la CIDH sobre la libertad de expresión.
Las recomendaciones preliminares del informe, cuya versión final estará lista en primavera, piden incrementar los recursos humanos y económicos destinados a la protección de periodistas, y aumentar el número de analistas de riesgo en los estados donde esta problemática es más grave.
Asimismo, instan a adoptar reformas legales en México para asegurar la coordinación entre los niveles federal y estatal, ya que las autoridades locales han sido ineficaces en la implementación de los mecanismos de protección a periodistas.
“La violencia es a nivel local y se expande a muchas partes del país. Por ello, instamos al Gobierno a que dedique más recursos y mayor presencia estatal (…) para proteger a los periodistas y a sus familias”, explicó Kaye, relator especial de la ONU sobre la libertad de expresión.
“Percibimos un gremio periodístico aterrorizado por lo que muchos han visto o vivido. Han perdido a colegas, tienen compañeros desaparecidos o han sufrido agresiones. Esta situación ha generado una desconfianza hacia las instituciones del Estado”, denunció Lanza.
Kaye y Lanza valoraron el mecanismo de protección a periodistas y la creación de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión, que fueron fruto de las recomendaciones que un equipo de la ONU realizó en 2010 tras visitar el país.
“Desde la última visita se han construido instituciones importantes y positivas para la protección de los periodistas”, sostuvo Lanza en relación al mecanismo de protección al que se han acogido más de 130 periodistas mexicanos, 15 de ellos desplazados fuera del país por amenazas.
Sin embargo, confesó que la fiscalía especializada “no ha tenido la eficiencia” que esperaban y lamentó que en los últimos dos años se haya incrementado la violencia contra este colectivo, en lugar de mitigarse.
Por su parte, el relator de la ONU defendió la importancia de implementar las nuevas recomendaciones ante las elecciones de 2018, puesto que “los periodistas son parte fundamental de la democracia”, sostuvo Kaye.
Para proteger la independencia de los medios de comunicación y de sus trabajadores, el equipo de relatores también instó a adoptar una ley para regular la publicidad oficial que las administraciones públicas destinan a la prensa.
“(La publicidad oficial) no debe usarse con propósitos políticos. Su objetivo es difundir información de interés público y no generar apoyo a un Gobierno”, alertó Kaye.
“La suma de dinero que se vuelca a los medios de comunicación es de las más grandes del mundo. Se habla de 1.500 millones de dólares del Gobierno federal”, sostuvo Lanza, quien denunció un “sesgo” a la hora de destinar la publicidad en favor de los medios menos críticos con el Ejecutivo.
“Los autores de asesinatos contra periodistas deben recibir sanciones severas”, sostuvo el relator de la CIDH tras ser preguntado sobre la propuesta del líder izquierdista Andrés Manuel López Obrador de amnistiar narcotraficantes para lograr la paz en México.
“Las amnistías a autores de graves crímenes contra los derechos humanos no son compatibles con el derecho internacional”, sentenció.
De acuerdo con la organización Artículo 19, desde el año 2000 han sido asesinados 111 periodistas mexicanos, la mayoría de ellos dedicados a la cobertura de temas de corrupción política y crimen organizado.
caem