La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación 54/2017, dirigida al titular de la secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), General Salvador Cienfuegos Zepeda, por el cateo ilegal en agravio de cuatro personas y la detención arbitraria, desaparición forzada, tortura y violencia sexual de tres de ellas y la ejecución arbitraria de dos, ocurridas en Tepatitlán de Morelos, Jalisco, y atribuibles a efectivos adscritos al Tercer Batallón de la Brigada de Fusileros Paracaidistas.

 

En un comunicado el organismo informó que al investigar los hechos, acreditaron violaciones a los derechos humanos a la inviolabilidad del domicilio, integridad y seguridad personal, a la libertad y a la vida.

 

De acuerdo con el testimonio del padre de una de las víctimas (quejoso), el 27 de enero de 2016 personal militar retuvo a su hijo, a su sobrino y a dos personas más al interior de su domicilio, en dicho municipio.

 

El personal militar impidió el acceso al mismo y, mientras permaneció afuera, escuchó que su hijo gritaba que ya no lo golpearan, dos horas más tarde los militares subieron a tres de los detenidos a la parte trasera de una camioneta y aseguraron el vehículo de uno de ellos. La cuarta persona fue puesta en libertad.

 

Según el testimonio el padre acudió a diferentes Agencias del Ministerio Público local y federal, sin obtener información sobre el paradero de sus familiares.

 

Dos días después, personal de la Fiscalía General del estado le informó que en un rancho ubicado sobre la carretera Tepatitlán-Tototlán habían sido localizados los cuerpos sin vida de dos de los detenidos, mientras que el tercero había sido trasladado al Hospital Regional de ese municipio para su atención médica, por las lesiones que presentaba.

 

El análisis de los testimonios y las periciales realizadas por personal del Organismo Nacional acreditó que los efectivos militares ingresaron de manera ilegal al domicilio referido, toda vez que no presentaron la orden de cateo correspondiente.

 

Además, al interior del mismo, las personas fueron víctimas de tortura y violencia sexual.

 

También se constató que los afectados fueron detenidos arbitrariamente sin contar con el mandamiento judicial respectivo emitido por autoridad competente, por la probable comisión de un delito y sin que se acreditara la flagrancia o la urgencia como causa legítima para llevar a cabo dicho aseguramiento.

 

De igual forma, omitieron presentarlos de manera inmediata ante la autoridad y elaborar el informe correspondiente, como lo establece la ley. Por el contrario, fueron golpeados, trasladados a varios lugares y, finalmente, conducidos a un sitio deshabitado, donde fueron víctimas de malos tratos.

 

La Comisión Nacional solicitó al Secretario de la Defensa Nacional reparar integralmente el daño ocasionado a las víctimas y a sus familiares, proporcionándoles atención médica, psicológica y tanatológica; inscribirlas en el Registro Nacional de Víctimas y colaborar en las denuncias que la CNDH presente ante la Procuraduría General de la República y el Órgano Interno de Control en la SEDENA para la investigación de los hechos.

 

Además, impartir un curso de capacitación a personal castrense para prevenir la desaparición forzada, tortura, tratos crueles, detenciones arbitrarias y cateos ilegales, así como elaborar o, en su caso, actualizar el Protocolo para que se empleen cámaras fotográficas, de videograbación y grabación de audio en todos los operativos militares.

 

aarl