El juez Claudio Bonadio ordenó hoy la detención y el inicio de un proceso de desafuero contra la expresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, quien la semana pasada juró en su nuevo cargo como senadora.
En una resolución que provocó un revuelo político, Bonadio dictó la prisión preventiva de la exmandataria, lo que sólo puede ocurrir previo desafuero en el Senado.
El juez la acusa del delito de “traición a la patria”, encubrimiento agravado y obstrucción de un acto judicial por haber firmado un Memorándum con el gobierno de Irán para avanzar en la investigación del ataque terrorista ocurrido en 1994 en un centro comunitario judío de Buenos Aires, que dejó 84 muertos.
La orden de Bonadio se sustenta en la investigación que llevó a cabo el fiscal Alberto Nisman, quien fue encontrado muerto en su casa en enero de 2015, cuatro días después de haber denunciado a Fernández de Kirchner.
Según Nisman, cuya muerte no se ha esclarecido, la entonces presidenta argentina en realidad negoció con Teherán la impunidad de los iraníes acusados del peor ataque terrorista sufrido en este país, a cambio de acuerdos comerciales.
Múltiples instancias judiciales desestimaron la denuncia de Nisman por inconsistente y falta de pruebas, pero bastó que Fernández de Kirchner dejara la Presidencia para que se reactivara esta causa y otras en las que la exmandataria es acusada de corrupción.
Bonadio retomó la denuncia de Nisman y este jueves, además de la detención preventiva de Fernández de Kirchner, ordenó la captura de Carlos Zanini, el exsecretario de Legal y Técnica y quien fue uno de los hombres más poderosos durante las presidencias de Néstor Kirchner y Cristina Fernández.
Esta madrugada, se detuvo a Zanini en la patagónica provincia de Santa Cruz, y al dirigente social Luis D’Elía, pero también hay órdenes de prisión en contra del excanciller Héctor Timerman y los dirigentes Jorge Alejandro Khalil y Fernando Esteche.
Todos los acusados ya habían declarado ante el juez en una causa en la que la fiscalía denunció que hubo un plan encabezado por Fernández de Kirchner para dar impunidad a los iraníes, lo que afectó la búsqueda de justicia de los familiares de las víctimas del atentado.
La ex presidenta no puede ser detenida por ahora gracias a los fueros que tiene como senadora, cargo que comenzará a ejercer el próximo domingo, cuando se renueva el Congreso argentino.
Sin embargo, la orden de Bonadio intensifica la presión judicial que hay contra Fernández de Kirchner con varias causas que ella considera parte de una persecución política y judicial en su contra.
aarl