Abastecer de agua de calidad a la delegación Iztapalapa representa un reto que ha estado latente a través de las diferentes administraciones, sobre todo si hablamos de dar agua a las colonias asentadas en las partes más altas y más alejadas de los tanques de almacenamiento.

 

Es una realidad de que hoy las colonias más pobres de la ciudad son las que más pagan por el agua, ya que tienen que complementar el deficiente abasto vía red mediante la compra de garrafones y/o pipas. El problema es que para resolver su abasto se requiere de infraestructura, no sólo de buenas voluntades.

 

Si revisamos las soluciones para hacer realidad el derecho humano al agua no sólo en Iztapalapa, sino también en las colonias populares de toda la capital, la respuesta es que sólo se podrá dar cuando como sociedad se deje de lucrar políticamente con el tema, empecemos a tomar en serio el problema del agua, y que esa seriedad se traduzca en las leyes y las leyes, en acciones concretas.

 

En este sentido, algo por valorar en la nueva Ley de Sustentabilidad Hídrica de la Ciudad de México recientemente aprobada por la Asamblea Legislativa es el mandato de elaborar el Programa de Sustentabilidad y Gestión de los Servicios Hídricos, que tendrá que financiarse de manera obligatoria por el gobierno para que así se logren ejecutar las acciones que mejoren la calidad de los servicios y aseguren la sustentabilidad de nuestras fuentes de abastecimiento.

 

Este programa será elaborado por el Sacmex, pero deberá ser revisado y aprobado por un Consejo Técnico Asesor, que se integre por 21 especialistas entre académicos de las áreas de ingeniería, economía, arquitectura y medio ambiente; centros de investigación, colegios de profesionistas, dependencias del Gobierno de la CDMX, así como la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México y, desde luego, la presencia de dos diputados, representantes del órgano legislativo.

 

En la ley se planteó un mínimo de 25 años para el Programa, pero conociendo la problemática y los retos, el Programa que se elaborará en el Sacmex, para someterlo al Consejo Técnico Asesor, se planeará para 50 años, que seguramente significará duplicar las inversiones a partir del año 2019.

 

Estamos hablando de una ley que acaba de ser promulgada pensando en el futuro de la CDMX y para que las nuevas autoridades atiendan un mandato social de no postergar inversiones y evitar con ello problemas y conflictos, en suma, asegurar la gobernabilidad de la urbe.

 

Por supuesto que el gobierno del doctor Miguel Ángel Mancera no tiene la menor intención de privatizar el agua, y la modificación al modelo de gestión del Sacmex –que pasa a ser un organismo público descentralizado- sólo tiene por objeto el dotarle de mayores facultades y mayores capacidades que le permitan dar una pronta respuesta a los usuarios que no cuentan con un buen servicio.

 

Por otra parte, se prevé una Contraloría Ciudadana que tendrá por objetivo principal dar seguimiento a las acciones públicas de obras y mejoras de la infraestructura, y coadyuvar en la prevención y sanción de faltas administrativas en el ámbito del agua.

 

En cuanto al tema de las tarifas, éstas se mantendrán bajo la supervisión y aprobación del órgano legislativo, que deberá revisar las propuestas del Sacmex y conciliar los subsidios que garanticen el cumplimiento del Programa Hídrico.

 

Mucho se habla de garantizar el derecho humano al agua, pero hasta hoy la Asamblea Legislativa da el verdadero paso transformando las intenciones en ley. Lo demás es política.

 

 

*Director general del Sistema de Aguas de la Ciudad de México.

Twitter: @raguirrediaz

 

 

 

*edición impresa 24 Horas

 

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