El pleno del Senado de la República inició el análisis del dictamen que expide la Ley de Seguridad Interior, que ha generado múltiples protestas de organizaciones nacionales e internacionales defensoras de Derechos Humanos y organizaciones civiles y que tiene por objeto regular la función de fuerzas federales y militares para preservar la en estados y municipios.

 

Al fundamentar el dictamen, la presidenta de la Comisión de Gobernación, Cristina Díaz Salazar, expuso que durante la última década el país ha pasado por una crisis de seguridad, por lo que se debe contar con una ley que otorgue certidumbre a la actuación de las fuerzas armadas.

 

Aclaró que la intención de esta ley no es militarizar al país como muchos argumentan, y agregó que el principal interés de todos es salvaguardar los derechos humanos.

 

 

“Senadoras, senadores, queda claro que con esta ley, no se militarizan las calles, ¡al contrario, se pone orden!”, enfatizó con gritos, desde la tribuna del Senado.

 

El presidente de la comisión de Defensa Nacional, Fernando Torres Graciano, aseguró que sí se escucharon todas las voces y se tomaron en cuenta sus propuestas para modificar la minuta que llegó de la Cámara de Diputados.

 

Explicó que fue modificado el artículo octavo, para dejar claro que las protestas sociales no serán consideradas bajo ninguna circunstancia, un tema de seguridad interior y por lo tanto, por ningún motivo las Fuerzas Armadas podrán disolver una manifestación social o político-electoral.

 

De acuerdo con el dictamen la Seguridad Interior es la condición que proporciona el Estado mexicano de salvaguardar la permanencia y continuidad de sus órdenes de gobierno e instituciones, así como prestar auxilio y protección a las entidades federativas y los municipios, frente a riesgos y amenazas que comprometan o afecten la seguridad nacional.

 

Además, establece que todos los actos realizados por las autoridades que deberán preservar, en todo momento y sin excepción, los derechos humanos y sus garantías, de conformidad con los protocolos emitidos por las autoridades correspondientes.

 

JMSJ