Pareciera “normal” que ya nos acostumbramos al miedo que sentimos al salir a la calle, convencidos de que en cualquier momento podemos ser víctimas de un robo con violencia, de una agresión o hasta de un secuestro.
El riesgo de sufrir un delito en la vía pública, en un taxi, Metro o Microbús, incluso dentro de nuestra propia casa, es tan frecuente que se ha convertido en algo natural para los mexicanos.
Vemos sin asombro los reportes que mes a mes nos presenta el Observatorio Nacional Ciudadano, los cuales advierten el incremento de los índices delictivos, sin que las autoridades responsables muestren ligeros signos de preocupación.
Es muy frecuente, por no decir, casi siempre, que estos delitos no se denuncien porque estamos convencidos de que en las agencias del Ministerio Público se nos revictimiza y, como es habitual, la carpeta de investigación no conduce a una consignación y una esperada, casi imposible, sentencia condenatoria para el delincuente.
Las más recientes cifras de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) destacan que 76% de la población de 18 años y más consideró que vivir en su ciudad es inseguro, mientras que los datos que proporciona la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) -realizadas ambas por el INEGI– muestran que en 2016, 34.2% de los hogares en México fueron víctima de algún delito, es decir, alrededor de 11.68 millones de hogares, cifra mayor a los 11.36 millones registrados en 2015.
Estamos acostumbrados a ver los resultados de estas encuestas, y pareciera que a nadie le importa. Hace unos días, el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (IIJ-UNAM) y el Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE) presentaron sus recomendaciones para diseñar un Nuevo Modelo Nacional de Procuración de Justicia.
El informe señala que la procuración de justicia en nuestro país enfrenta tres grandes problemas: 1. La falta de una visión sistémica que articule adecuadamente la prevención, la investigación, la persecución y la sanción de los delitos; 2. Todas las procuradurías tienen problemas estructurales que se reflejan en su incapacidad para investigar los delitos y litigar exitosamente con respeto a los derechos humanos; y 3. Las procuradurías tienen un severo problema para generar y usar información relevante tanto para la operación interna como para la difusión al público.
El Observatorio Nacional Ciudadano lo advirtió desde 2014, y lo ha señalado en reiteradas ocasiones. Por ello, se les ha ofrecido a distintos gobernadores ayuda mediante la revisión de los indicadores para confirmar si cumplen con la objetividad y pertinencia de una estrategia de seguridad.
En otros procesos
Los problemas de Jalisco son los mismos que padecen el resto de las entidades federativas, y su solución requiere la suma de esfuerzos a nivel nacional, asegura Carlos Lomelí Bolaños, quien fue registrado como precandidato de Morena en Jalisco. En su propuesta de gobierno, Lomelí Bolaños ofrece que de resultar ganador en la próxima contienda electoral, concentrará sus esfuerzos en los siguientes renglones: seguridad, educación, empleo, salud e infraestructura; al parecer, Morena intentará pintar en esa región. Y en tanto, hoy, el Senado podría elegir al próximo fiscal de Delitos Electorales; esperamos se decida por la experiencia de Héctor Díaz Santana.