El ex gobernador de Tamaulipas, Eugenio Javier Hernández Flores, fue notificado ayer de la petición formal de extradición que efectuó el Departamento de Estado de Estados Unidos, donde está acusado de lavado de dinero por 300 millones de pesos.
Hernández fue trasladado del penal de Ciudad Victoria al Centro del Poder Judicial Federal para la audiencia que se efectuó en la Sala 1, presidida por el Juez Segundo de Distrito Raymundo Serrano Nolasco.
Durante la audiencia, Serrano dijo que el ahora extraditable cuenta con un plazo de 72 horas, para presentar las pruebas que ayuden a demostrar como infundada la solicitud de extradición.
A los 45 minutos que inició la audiencia pública fue desalojada la sala, debido a que en el expediente serían citados nombres, números de cuenta e instituciones bancarias que forman parte de la investigación, por lo cual el Gobierno americano pidió que esta información fuese tratada como confidencial.
La petición formal de extradición fue presentada el 7 de diciembre a la Secretaría de Relaciones Exteriores, esta a su vez hizo del conocimiento a la Dirección General de Procedimientos Internacionales de la Procuraduría General de la República, y ésta al juez, el miércoles 13.
Dicha solicitud de extradición se efectuó a través de una nota diplomática (17/4603), suscrita por William H. Duncan, ministro consejero de la Embajada de Estados Unidos en México, la cual viene acompañada de un paquete de pruebas.
El expediente consta de 300 páginas y detalla la investigación inicial que se le sigue a Hernández en la Corte Federal de Distrito en el Distrito Sur de Texas; los delitos por los que se le investiga son: asociación delictuosa para cometer lavado de dinero, operar un negocio de envíos de dinero sin licencia y asociación delictuosa para cometer fraude bancario.
La Fiscalía indicó que estos delitos se encuentran contemplados en los artículos 8, 12, 20 y 23 del Tratado de Extradición entre México y los EEUUM; también en la Ley de Traslados Internacionales de México, y es aplicable cuando la pena corporal supera el año de cárcel.
El ex gobernador está acusado de asociación delictuosa para cometer lavado de dinero, operar un negocio de envíos de dinero sin licencia, y asociación delictuosa para cometer fraude bancario.
*edición impresa 24 Horas
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