Tras más de diez horas de debate, por momentos ríspido y a gritos, el Senado de la República perfilaba, al cierre de esta edición, aprobar la expedición de la Ley de Seguridad Interior, que tiene por objeto regular la función de fuerzas federales y militares para preservar la paz y el orden en estados y municipios.
Al fundamentar el dictamen, la presidenta de la Comisión de Gobernación, Cristina Díaz Salazar, aseguró que la intención de esta ley no es militarizar, sino salvaguardar los derechos humanos.
“Senadoras, senadores, queda claro que con esta ley no se militarizan las calles. ¡Al contrario, se pone orden!”, señaló a gritos, desde la tribuna del Senado.
Por su parte, el presidente de la comisión de Defensa Nacional, Fernando Torres Graciano, aseguró que previo a su aprobación, se escucharon todas las voces que se manifestaban en contra.
Explicó la creación del artículo transitorio en el que se establece la posibilidad de que, dentro de los 180 días siguientes a la entrada en vigor de la ley, las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales que soliciten una declaratoria de protección, deben presentar un programa, con plazos, acciones y presupuesto para dar cumplimiento al modelo de función policial aprobado por el Consejo Nacional de Seguridad Pública.
El senador Javier Lozano, de los denominados rebeldes del PAN, lamentó que a pesar del reconocimiento que se ha hecho una y otra vez en el Senado a las Fuerzas Armadas, “de pronto siga la hipocresía de regatearles un marco jurídico que les brinde certidumbre para su actuación”.
El coordinador de los senadores del PRD, Luis Sánchez, presentó un voto particular en contra de la ley por considerarla inconstitucional e inconvencional.
La senadora Dolores Padierna, del Partido del Trabajo (PT), consideró que ésta “no es una ley para la seguridad interior, sino una ley para la guerra civil”.
En el marco del debate, se generó una discusión entre senadoras del PRI y Layda Sansores, del PT, quien tras pedir rectificación del quórum, acusó que la presidenta de la Comisión de Gobierno, la priista Cristina Díaz, no estaba en su lugar, lo que generó que la aludida protestara a gritos que sí se encontraba en el Pleno.
Fue la senadora Hilaria Domínguez, también del tricolor, quien pidió respeto a la petista, y le recordó que el miércoles mientras se aprobaban normativas importantes, estaba “!bailando el tubo, tubo indecorosamente” y nadie le llamó la atención.
Al cierre de esta edición, la discusión en lo general continuaba, en tanto que se perfilaba la reserva de todos los artículos de la nueva ley para aprobarla en lo particular.
Madres de migrantes rechazan la iniciativa
Miembros de la Caravana de Madres Centroamericanas, que inició un recorrido por la ruta migratoria de México el 1 de diciembre pasado, arribó a la Ciudad de México, donde expresaron su rechazo a la Ley de Seguridad Interior.
Eva Ramírez, originaria de Honduras y coordinadora del grupo, manifestó que las políticas de seguridad, así como las políticas xenofóbicas replicadas en la Iniciativa Mérida y el Plan Frontera Sur, han creado una situación de violencia, deshumanización y altísimo riesgo para los migrantes.
“Van a militarizar el País y nuestros migrantes son los vulnerables, los que vienen viajando a escondidas en los autobuses”, aseveró en una conferencia de prensa en el Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos).
Las mujeres se manifestaron en la Embajada de Estados Unidos, en Paseo de la Reforma 305, donde entregaron un documento en el que exigen un mejor trato para los migrantes que son detenidos en Estados Unidos. Por otra parte, las integrantes de la Caravana de Madres Centroamericanas, fueron atendidas por personal especializado de la Unidad de Investigación de Delitos para Personas Migrantes (UIDPM), de la Procuraduría General de la República (PGR), sobre sus parientes desaparecidos.
Protestas, por desconocer la ley: experto
La polémica que ha desatado la Ley de Seguridad Interior se debe a un completo desconocimiento a fondo de los temas que se están abordando en la ley, señaló Rodrigo Soto Morales, profesor de Derecho de la Seguridad Nacional de la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana.
“Hay desconocimiento de los temas, de los términos, desde el punto de vista técnico y legal que implica. También hay desconocimiento en temas que ya están contenidos en la Constitución, y en la Ley de Seguridad Nacional, desde hace varios años, que ya regulan y complementan el proyecto de esta ley en referente a la intervención de comunicaciones, a la temporalidad de la intervención y el respeto irrestricto a los derechos humanos”.
En una entrevista con 24 HORAS, el especialista en Seguridad Nacional expuso que la ley es muy clara desde sus primeras iniciativas y borradores: “Para empezar, no puede estar por encima de la Constitución, que es conocimiento legal de todo el mundo”.
“Me sorprende que previo a un proceso electoral, que se nos viene encima en unos meses, exista un reclamo a una supuesta ley que es opresora, cuando lo que está haciendo es todo lo contrario: delimitar y marcar un límite claro de las Fuerzas Armadas”, indicó.
*edición impresa 24 Horas
caem