CARACAS.- El Parlamento de Venezuela, controlado por la oposición,  aprobó ayer un acuerdo sobre la situación fronteriza del país, que calificó de “crisis”, y por el que solicitó la aplicación de corredores humanitarios para sus ciudadanos.

“Aprobado por unanimidad Acuerdo sobre la situación de la crisis humanitaria en la frontera venezolana, que solicita la implementación de corredores humanitarios para los venezolanos en el exilio”, informó la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) a través de su cuenta de Twitter.

La diputada Gaby Arellano defendió esta idea ya que, dijo, en el país existe un “desplazamiento forzoso debido a la desnutrición (y) falta de medicinas”, escasez de la que responsabilizó al Gobierno encabezado por el dictador Nicolás Maduro.

Arellano recordó que la situación no solo afecta a los puntos fronterizos con Colombia, sino también con Brasil y algunas islas caribeñas cercanas a Venezuela como Curazao.

El diputado por Un Nuevo Tiempo (UNT) Carlos Valera señaló que el Ejecutivo “se niega a atender la crisis de los que se quedan y los que se fueron” y que el acuerdo aprobado por la mayoría opositora “debe remitirse a todas las organizaciones internacionales que tienen competencia en esta materia”.

Venezuela pasa desde hace meses por una complicada situación económica que ha derivado en escasez de alimentos y medicinas, una situación que el Gobierno achaca a una “guerra económica” en su contra y que la oposición defiende que se debe al desacertado manejo de la economía.

La apertura de un canal humanitario para la entrada de los productos que escasean es una petición de la oposición desde hace meses, solicitud rechazada por el Ejecutivo, que defiende que podría dar lugar a una “invasión encubierta” de algunos de los países que han ofrecido este apoyo.

También es una de las exigencias de los antichavistas en los diálogos que sostienen con el chavismo en República Dominicana para buscar soluciones a la actual situación de Venezuela y cuyas reuniones se pospusieron hasta hoy.

Por otra parte, el instituto CASLA, observatorio checo de derechos humanos, remitió ayer a la Corte Penal Internacional de La Haya (CPI) 38 denuncias de malos tratos y torturas en Venezuela, basadas en los testimonios de las supuestas víctimas.

“El propósito es demostrar que las torturas, crimen de lesa humanidad, no cesan, sino que, al contrario, se acentúan”, explicó en Praga, capital de la República Checa, la
directora ejecutiva CASLA, Tamara Suju, que envió el pliego de testimonios a La Haya.

Según la abogada venezolana, la tortura se ha convertido en practica “para obtener confesión o que las víctimas acusen a dirigentes de la oposición, a civiles o militares, de acciones supuestamente subversivas”.

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Alargan negociación

El diálogo entre la oposición y el Gobierno de Venezuela que realizan en República Dominicana, desde el lunes pasado, continuará hoy, cuando se espera el anuncio de un acuerdo. “Estoy casi seguro, en un 98 por ciento, de que habrá acuerdo”, aseveró Jorge Rodríguez, jefe negociador del Gobierno.

Previamente, Nicolás Maduro, dijo que tiene “pruebas concretas” de que el Departamento de Estado de EU “está presionando” a la oposición de su país para que no firme un “acuerdo de paz”.

JNO