El gobierno federal es sensible a la situación que enfrenta la UNAM, por lo que mantiene una estrecha coordinación con sus autoridades en un marco de respeto a la autonomía universitaria y sin que ello signifique la irrupción de las fuerzas públicas a sus instalaciones, expuso Alfonso Navarrete Prida.
El titular de la Secretaría de Gobernación (Segob) comentó que analizan los hechos registrados en la institución que dejaron como saldo dos personas muertas.
Eso “no significa impunidad ni tampoco significa irrupción de fuerzas públicas a un campo universitario cuyas funciones se desarrollan, en su enorme mayoría, de manera normal, como es la educación, difusión de la cultura, investigación”, subrayó.
En conferencia de prensa, indicó que el fenómeno del narcomenudeo en la máxima casa de estudios daña a los jóvenes, quienes son pieza fértil para introducir este tipo de sustancias que afectan la salud y que implícitamente generan enorme contenido de violencia.
“Ese es el dato que yo tengo: son células de narcotraficantes, de narcomenudistas, de narcomenudeo, que han tenido participación y contacto con la comunidad estudiantil universitaria, fundamentalmente. No podría generalizar toda la comunidad estudiantil”, aseveró.
Navarrete Prida sostuvo que van a actuar con sensibilidad y cumpliendo con la ley, en coordinación con autoridades locales de procuración de justicia”.
Y desde luego, abundó, con el apoyo a todos los programas de carácter social que van al fondo del tema, que es la prevención de las adicciones a través de una política social positiva que la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) sí tiene y realiza todos los días.
Reiteró el respeto absoluto que se tiene con la UNAM y con las autoridades locales “y desde luego, responsabilidades para hacer justicia en la comisión de delitos y para que ante la medida que la coordinación respetuosa con instituciones de educación superior nos lo posibiliten y permitan, hacer programas preventivos”.
Dijo que al rector de la UNAM, Enrique Graue, reiteró la disposición de las autoridades federales -en la medida que la Universidad no lo solicite- de participar en cualquier tipo de programa preventivo, “respetando ampliamente la autonomía que tienen las universidades públicas”.
aarl