Ayer la Procuraduría General de la República (PGR) decidió publicar de manera inédita un video al interior de una de sus instalaciones, en el cual se muestra el momento en que Ricardo Anaya, candidato a la Presidencia por la coalición Por México al Frente, llega a entregar un escrito sobre las investigaciones que hay contra el empresario Manuel Barreiro, al cual se presume le vendió una nave industrial en 54 millones de pesos. Dinero que por cierto y de acuerdo a las investigaciones de la PGR fue obtenido de manera ilícita mediante la triangulación de empresas fantasma en el extranjero.
La PGR manifestó que “conforme a sus facultades constitucionales y legales y al no contravenir ninguno de los principios del debido proceso, la salvaguarda de la presunción de inocencia y al no violentarse la integridad, ni la privacidad de las personas” ponía a disposición la videograbación íntegra que el sistema institucional de control de acceso registró desde el momento que ingresaron Ricardo Anaya y sus abogados hasta el instante en que se retiraron de las mismas.
Pero habría que cuestionarse si en realidad no se viola la presunción de inocencia e incluso la privacidad e integridad de los ahí presentes, pues durante 12 minutos se escuchan las conversaciones privadas entre Diego Fernández de Cevallos, Santiago Creel, Ricardo Anaya y Dante Delgado.
No se trata de defender o atacar a Ricardo Anaya, sino de poner en una balanza si lo mostrado ayer por la PGR viola y pone precedente a los procesos y respeto a los derechos humanos de la PGR.
En la grabación se logra observar el momento en que Mauro Fernando Rodríguez León, titular de la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda (UEIORPIFAM), de la SEIDO, llega e invita a Ricardo Anaya a rendir su declaración ministerial y cómo es que su abogado Fernández de Cevallos le explica que sólo están ahí para entregar una carta.
Es de resaltar que Mauro Fernando Rodríguez nunca le dice a Ricardo Anaya en qué número o en qué carpeta de investigación lo invita a declarar o si incluso Anaya formaba parte de una pesquisa ministerial.
Lo grave es que posterior a la invitación del funcionario, se observa y se escuchan las conversaciones privadas entre Anaya y su comitiva, e incluso parte de la estrategia que manejaría Diego Fernández de Cevallos.
El pasar estas imágenes ¿en realidad la PGR no viola ningún derecho de los ciudadanos?, ¿no pone en riesgo a la institución?, ¿a partir de ahora será público todo video de las personas que ingresen y presenten un documento o que se les invite a declarar?, ¿ahora los ciudadanos deberán cuidar lo que hablan al interior de la PGR, para no verse sorprendidos con un video que revele las conversaciones privadas?
De acuerdo con varios abogados, el video podría ser un verdadero escándalo, pues en principio viola la confidencialidad entre abogados y clientes, además de violar la privacidad de quienes entran a denunciar a la PGR.
Más allá de la inocencia o culpabilidad que tuviese Ricardo Anaya en el caso, nunca se había visto que el Ministerio Público Federal tuviese que salir a desmentir a un ciudadano, y mucho menos mostrando videos que la dependencia debería resguardar. Pareciera que con esta grabación termina la llamada figura del Ministerio Público que, como principal atributo, tenía la imparcialidad y la buena fe.
JNO