Luego de que una nueva ley de juicio político se aprobó el martes pasado por la fracción parlamentaria del PAN en el Congreso de Chihuahua (en un pleno sin los diputados locales de los demás partidos), Reydeceel Sáenz, abogado del ex presidente del Supremo Tribunal de Justicia (TSJ) estatal, Gabriel Sepúlveda, consideró que esta acción es para quitarle el fuero a su cliente y llevarlo a la cárcel por haber fungido como servidor público en la administración del ex gobernador César Duarte, al igual que al magistrado Jorge Abraham Ramírez.
El abogado de Sepúlveda indicó que prevén que, en un plazo de un mes, los magistrados sean removidos del cargo y les retiren el fuero para detenerlos, por lo que tendrían que interponer amparos, ya que se les dictaría prisión preventiva en el penal Aquiles Serdán.
“Sabemos que en la cárcel aplican tortura psicológica: todo el día están en su celda con las luces prendidas, los obligan a que se declaren culpables, estamos en una situación muy pesada y a ver cómo logramos sopesar”, expresó Sáenz en una entrevista con 24 HORAS.
Por su parte, el magistrado Ramírez manifestó que es importante que exista una ley que sirva para combatir la corrupción e ir contra la impunidad, sin embargo, indicó que le preocupa que haya impuesto su mayoría el partido gobernante en el estado, “porque me hace pensar que no hay consensos al interior”.
Recordó que el martes pasado, en la comisión dictaminadora, diputados de diversas fuerzas políticas mencionaron que la premura con la que querían llevar el tema al pleno era más por “una persecución en contra de los magistrados ya que no había sido suficientemente discutida”.
En tanto la diputada del PRD, Crystal Tovar, comentó que la propuesta de juicio político se mantuvo en reserva de estudio desde abril de 2017, “y apenas empezó la discusión hace ocho días, hubo una participación de todas las fracciones políticas sobre las opiniones que fueran previstas en esa ley, las cuales no todas fueron contempladas, y por una mayoría que tiene Acción Nacional, pues así salió”.
Explicó que se tenía previsto que dicha ley pudiera ser examinada por todas las fuerzas políticas para emitir opiniones y que fuera analizada con cuidado, pero al final el proceso fue un poco atropellado y con urgencia.
Cabe recordar que los magistrados son acusados de un supuesto desvío de recursos en el Tribunal Superior de Justicia de la entidad por 7.1 millones de pesos, resultado de la adquisición de una bóveda de almacenamiento digital para videos y audios de las audiencias de juicios orales, que habría sido comprada con un sobrecosto (45% mayor a sy precio de mercado), pese a que, por ejemplo, Sepúlveda aún no ejercía el cargo de presidente de dicho órgano y, por lo tanto, no firmó contrato alguno.
En tanto la acusación a Ramírez recae en que no tuvo el debido cuidado en la aportación del recurso, ya que la bóveda debía estar instalada en marzo de 2016 y fue hasta mayo que se recibió, pero el retraso obedeció a que el Tribunal cambió de domicilio.
“Estamos confiados en la verdad, pero preocupados por los vientos de venganza que se perciben en Chihuahua”.
Jorge Abraham Ramírez
Magistrado del Supremo Tribunal de Justicia estatal
aarl