Esta semana es clave para el caso del ahora candidato de la coalición por México al Frente, Ricardo Anaya, ya que se esperan dos noticias respecto al presunto lavado de dinero que lo involucra junto con otros empresarios, notarios y diversas cuentas bancarias detectadas tanto en México como en Estados Unidos.
Por un lado se sabe que la PGR ya estaría en posibilidad de consignar el expediente, en el cual de principio estaría señalado Manuel Barreiro y, al menos, otras 35 personas vinculadas al caso.
Pero de acuerdo a lo que hemos obtenido de inicio, la PGR sólo solicitará cinco órdenes de aprehensión que no incluyen a ningún miembro del PAN, pero sí a Barreiro y, al menos, a un notario que podría ser la clave para inculpar a Anaya.
Entre las personas vinculadas en el expediente estarían los socios de Manuel Barreiro, así como diversos notarios cuyos testimonios podrían relacionar a Ricardo Anaya y al menos a dos miembros del PAN que, se dice, también están directamente con el caso.
Para poder consignar la carpeta de investigación, la PGR deberá informar a un juez federal en materia de amparo que le permitirá al empresario Manuel Barreiro aportar las pruebas que sus abogados solicitaron incorporar al expediente, lo que provocará que el juez deseche la suspensión que le impide al Ministerio Público Federal consignar el caso y solicitar los mandamientos judiciales.
Sumado a esto, la PGR espera que algunas de sus contrapartes en Estados Unidos puedan anunciar que Ricardo Anaya utilizó algunos de sus sistemas financieros con dinero presuntamente ilícito, lo cual provocaría una nueva investigación en aquel país.
Para el arranque de esas investigaciones en Estados Unidos, el Gobierno de México les alertó sobre sus indagatorias y solicitó que cotejaran si en algún momento ese dinero presuntamente ilícito fue usado en su sistema financiero.
Lo extraño es que esta solicitud haya sido aceptada por el Gobierno estadounidense cuando la cancillería les negó la extradición del ex gobernador Eugenio Hernández, quien es buscado por aquella nación para poder resolver diversos casos de delincuencia organizada que involucran a ex funcionarios públicos del Gobierno de Tamaulipas.
Habrá que analizar por qué en un caso como el de Ricardo Anaya el Gobierno federal colabora tanto con la información financiera y las carpetas de investigación que tiene y en el caso de Eugenio Hernández no ha querido colaborar.
En otros procesos
Esta semana también será clave para el caso de Cuauhtémoc Blanco, aspirante a la gubernatura por el PES, ya que el instituto electoral de Morelos, después de 18 meses de tener congelado el tema del presunto contrato que firmara el futbolista con el Partido Social Demócrata y en el que recibiera siete millones de pesos para ser candidato al ayuntamiento, tendrá que definir si existen los elementos suficientes para continuar la investigación y sancionarlo.
Resulta extraño que respecto a ese caso la Fiscalía de Delitos Electorales de la PGR mantenga un fuerte sigilo sobre las pesquisas, pues tras año y medio de haberlas iniciado, ni las ha cerrado ni tampoco las ha consignado ante un juez federal.
JNO