Roberto Yáñez, ex secretario de la 52 Legislatura del Congreso de Morelos, comentó que en esta semana él y Cuauhtémoc Blanco, candidato a la gubernatura de Morelos, serán llamados ante el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac) por la investigación en curso en contra del ex futbolista por firmar un contrato para recibir, presuntamente, 7 millones de pesos a cambio de ser el candidato del Partido Social Demócrata (PSD) a la alcaldía de Cuernavaca en 2015.
“La semana pasada se inició un procedimiento en el Impepac, donde solicité que nos dijeran qué había pasado con esa investigación; ahora el Instituto nos va llamar a juicio, a todos los que estamos involucrados. En este sentido, tiene que convocar también a la Fiscalía que es la que tiene todos los dictámenes y estamos a la espera de lo que suceda”, expresó.
Recordó que en 2016 salió a la luz el contrato de prestación de servicio que firmó Blanco, fecha en que el ex futbolista denunció a los hermanos Yáñez por falsificación de documentos, negando que era su firma; incluso los acusó de los delitos de amenazas y extorsión.
Detalló que se efectuó el primer peritaje en el que se señala que es su firma (la de Blanco), “no sé porqué razón se efectúa otro peritaje, el cual indica que no es su rúbrica. Entonces la Fiscalía ordena un tercer y último peritaje que determinó, de manera definitiva, la firma que calza el contrato, y la conclusión es que efectivamente fue Blanco el que firmó el documento; avanza el tiempo y se hace el no ejercicio de la acción penal a nuestro favor”.
Yáñez manifestó que los asesores del ex futbolista se quejaron ante el juez, y éste solicitó la intervención de la PGR, pero se perdió el contrato, por lo que ahora la Fiscalía habrá de determinar nuevamente quién firmó el documento.
Papelito habla
Por otra parte, Arturo Sánchez, ex consejero del INE, externó que a pesar de que el Impepac inició una investigación contra el alcalde de Cuernavaca, no pasa nada mientras tenga vigentes sus derechos políticos.
Al preguntarle si perderá sus derechos de ser detenido, Sánchez manifestó que no, “si lo detienen quiere decir que apenas se iniciaría un juicio en su contra y, aun así, falta ver si sus abogados lo liberan. Mientras no se dicte una sentencia condenatoria en su contra, sus derechos siguen vigentes, a no ser que la ley local diga otra cosa”.
JNO