No fue en la designación del fiscal general, pero sí en el tema de la Ley General de Comunicación Social (LGCS) en la que el PRI madrugó al resto de los partidos.
La diputada Mercedes del Carmen Guillén Vicente (la hermana del Subcomandante Marcos o como se llame ahora) presentó al pleno una iniciativa que fue redactada “en conferencia’’ por los senadores y diputados del PRI, el Verde y Nueva Alianza.
Como recordará, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó a los diputados legislar, a más tardar el 30 de abril, el tema de la comunicación institucional, debido a las quejas de varias publicaciones y estaciones de radio y televisión que cuestionaron la discrecionalidad del Ejecutivo para repartir la publicidad.
De acuerdo al documento, su objetivo es establecer las normas a las que deberán someterse los entes públicos a fin de garantizar que el gasto en esta área “cumpla con los criterios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, y respete los topes presupuestales’’.
Hay un capítulo dedicado a la transparencia y rendición de cuentas, en el que se indica que los entes públicos “deberán poner a disposición del público y mantener actualizada en sus respectivos sitios de Internet, los montos destinados a gastos relativos a campañas de comunicación social desglosada por tipo de medio, proveedores, número de contrato y concepto o campaña de conformidad con la legislación aplicable’’.
Es el primer documento formal sobre este tema; hasta antes de que la Corte ordenara que se legislara el tema, se habían rechazado nueve iniciativas para reglamentar la publicidad oficial.
Falta conocer cuáles serán las propuestas del resto de los partidos y, sobre todo, determinar si será en esta ley o en su ley reglamentaria en donde se precisará cuándo, cómo, a quién y bajo qué requisitos el gobierno destinará dinero a los medios de comunicación para sus campañas institucionales.
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A propósito de los diputados, hoy la Junta de Coordinación Política sesionará para establecer “la ruta’’ por la que será elegido el nuevo auditor fiscal de la Federación.
De acuerdo a la ley, el nombramiento tiene que ser avalado por las dos terceras partes de los legisladores presentes en el pleno; 334, si fueran los 500.
Pero como eso no ocurrirá, los pastores de todos los partidos están haciendo un llamado para que se presenten el mayor número de sus diputados.
El jueves será la votación; a ver si no salen con un auditor carnal.
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Pues no hubo poder humano que convenciera a los magistrados iluminados de la Corte para impedir que las Policías realicen revisiones o cateos “superficiales’’ –así dice el texto- a personas en sus posesiones, ya sea por la buena o por la mala.
Ya está convalidada la constitucionalidad de la medida, que sin embargo no podrá aplicarse aún porque el proyecto aprobado recibió tantas críticas y/u observaciones que los propios ministros se darán un tiempo para evitar que la medida sea impugnada mediante amparos.
Ni hablar. Usted tiene la mejor opinión.
JNO