La Procuraduría General de la República (PGR) difundió un comunicado en el que desmiente el informe publicado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), sobre supuestas violaciones de derechos humanos durante la investigación del caso Iguala.
El texto de la OACNUDH asegura que hay “fuertes evidencias” para afirmar que algunas de las personas detenidas en relación con la investigación de los estudiantes fueron “detenidas arbitrariamente y torturadas”.
En concreto, la investigación de Naciones Unidas, basada en análisis forenses y entrevistas con personas implicadas -detenidos, testigos y autoridades-, concluye que hay evidencias de que 34 personas fueron torturadas.
Al respecto, el Gobierno de México manifiesta lo siguiente:
1.-Preocupa de manera especial que el Informe de la OACNUDH arroje conclusiones sobre situaciones que son actualmente objeto de investigación, o que se encuentran bajo análisis del Poder Judicial.
2.-Además, como lo reconoce la OACNUDH, este Informe se limita a abordar cuestiones que ya fueron resaltadas anteriormente por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), cuyas recomendaciones están siendo atendidas por las autoridades competentes. En este sentido, el Informe no aporta elementos nuevos que permitan avanzar en la investigación del caso.
3.- Cabe recordar que el caso Iguala es objeto de un trabajo intenso con el Mecanismo de Seguimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en cumplimiento de las medidas cautelares emitidas por dicha Comisión. Como se informó a la CIDH en su último período de sesiones, celebrado en Bogotá, Colombia, del 22 de febrero al 2 de marzo de 2018, la investigación de este caso constituye un esfuerzo sin precedentes del Estado Mexicano, que ha registrado avances importantes recientes, que no se consideran en el informe de la OACNUDH.
4.-Como se informó a la CIDH, en las últimas semanas se ha allegado información importante sobre la identificación de probables responsables y móviles, además de los esfuerzos de búsqueda y atención a víctimas. A ese respecto, se reitera una vez más el compromiso del Gobierno de México de acordar con las víctimas planes individuales, con base en un estudio de atención psicosocial, que será objeto de un análisis detallado y diálogo con los propios representantes de las víctimas.
5.-También cabe resaltar que en diversas reuniones de alto nivel con el Representante en México de la OACNUDH, el Gobierno de México compartió consideraciones y puntualizaciones importantes sobre el contenido del Informe, en particular en relación con su metodología y los vacíos de información que contiene, señalando que todas las presuntas violaciones e irregularidades que aborda están siendo debidamente investigadas, o están siendo consideradas por las autoridades judiciales competentes.
6.- Como en su momento se hizo notar a la OACNUDH, su Informe omitió información relevante que consta en los expedientes, incluyendo pruebas periciales obtenidas con base en los más altos estándares internacionales existentes (Protocolo de Estambul). Las investigaciones en marcha y pruebas en dichos expedientes aportan indicios que no sustentan las conclusiones a las que arriba el Informe.
7.-Al respecto, y como también se informó a la CIDH, de los casos analizados y sometidos a dictámenes bajo el Protocolo de Estambul, no se ha acreditado la comisión de tales actos, salvo en algunos casos excepcionales, de los que ya se ha informado públicamente. No obstante, se continúan realizando las diligencias correspondientes. Ello, aunado al hecho que existen otras pruebas en los expedientes, más allá de las confesiones que los detenidos pudieran haber aportado, que fortalecen las respectivas causas penales.
El Gobierno de la República reitera que continuará trabajando con el Mecanismo de Seguimiento de la CIDH, así como con los familiares de las víctimas y sus representantes, hasta el total esclarecimiento de este caso, agotando todas las líneas de investigación que permitan conocer todo lo ocurrido con los estudiantes desaparecidos, y sancionar a los responsables, conforme al marco jurídico mexicano y las obligaciones internacionales en la materia.
aarl