La situación contra la corrupción en Nuevo León no está nada fácil, ya que durante el último año y medio hemos visto un esfuerzo del hasta ahora fiscal anticorrupción, Ernesto Canales, por vincular a proceso a, cuando menos, 40 ex funcionarios que trabajaron a lo largo de la administración del ex gobernador Rodrigo Medina.

Es cierto que los procesos penales contra el ex gobernador Medina no le funcionaron del todo; pese a que algunos aún permanecen abiertos, éstos se fueron complicando por tres factores.

El primer factor fue el poco tiempo que tuvieron Canales y su equipo para integrar todas las averiguaciones en contra de Medina y de diversos ex funcionarios, a la par tuvo que crear protocolos para poder investigar los llamados delitos vinculados con la corrupción.

El segundo fueron los candados que en varios estados aún tiene la Unidad de Delitos Financieros tanto de la Secretaría de Hacienda como de la Procuraduría General de la República, que le impiden a los estados dar un correcto seguimiento al dinero público que es triangulado a compañías privadas o las llamadas empresas fantasma.

Es decir, que en México aún hay un gran problema para seguir este tipo de delitos, pues muchas fiscalías estatales no pueden seguir el principio estadounidense contra el lavado de dinero del “follow the money”.

El tercer factor para que a la fecha Rodrigo Medina y varios de sus ex funcionarios no tengan sentencias condenatorias o para que incluso estos casos se vayan disolviendo por presuntas faltas de pruebas es a causa del Poder Judicial del estado que ha retrasado audiencias y colocado fechas que, en el actual Sistema de Justicia Penal, sólo dejan dudas en cuanto a la actuación del Poder Judicial estatal.

Sumado a esto, a principios de este mes fue nombrado como el nuevo fiscal anticorrupción, Javier Garza y Garza, a quien se le identifica por su relación con el PRI, con los ex gobernadores y con algunos colaboradores de su círculo íntimo de Rodrigo Medina.

Javier Garza y Garza fue presidente magistrado del Tribunal Electoral del Estado entre los años 2005 y 2006, 2008 y 2009 y 2011 y 2012, coincidiendo con los mandatos tanto de Rodrigo Medina como de Natividad González, quienes lo respaldaron en las ocasiones que optó al cargo de presidente del tribunal.

Hay que destacar que Javier Garza también es hermano de Alejandro Garza, quien fuera procurador del estado en la primera parte del sexenio medinista antes de la llegada de Adrián de la Garza.

Con el arribo de Javier Garza, la labor de Ernesto Canales no se ve clara, y más cuando el nuevo fiscal anticorrupción solicitó tener todos esos expedientes en su escritorio para analizarlos. Esos expedientes ahora no tienen un futuro claro, como tampoco lo podría tener Ernesto Canales si decidiera quedarse, pues pierde autonomía, y más con ahora un jefe que, se sabe, tiene vínculos con las administraciones que fueron investigadas.

En los próximos días habrá que estar pendiente de esta Fiscalía Anticorrupción, ver cómo se conforma y si en realidad Canales está dispuesto a seguir un año más en un cargo en el cual, pareciera, ya no tendrá el respaldo del gobernador, y mucho menos del Congreso.

Twitter: @osdtagle

JNO