La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que este viernes se notificó al exgobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández Flores, el acuerdo por el cual el gobierno de México concede su extradición a Estados Unidos.
Ello, explicó en un comunicado, para que sea procesado ante la Corte Federal de Distrito para el Distrito Sur de Texas, por asociación delictuosa para lavar dinero. Lo anterior, en uso de la facultad discrecional del Ejecutivo Federal contenida en el Artículo 9 del Tratado bilateral en la materia, para conceder a sus nacionales.
Dicha resolución tuvo como antecedente, por una parte, las consideraciones emitidas por el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Tamaulipas, con sede en Ciudad Victoria, en su opinión jurídica del 22 de enero pasado.
En la misma señaló que, respecto a lo actuado y probado ante él, la solicitud de extradición presentada cumplía con todos los requisitos del Tratado bilateral aplicable; y, por otra, el análisis del foro más apropiado para que el citado reclamado sea juzgado.
Precisó que al momento de analizar y resolver sobre una solicitud de extradición, no prejuzga respecto de la culpabilidad o inocencia de un reclamado en la comisión de los delitos que se le atribuyen.
Añadió, dado que el procedimiento de extradición es un procedimiento administrativo en el cual, por disposición de ley, esta Secretaría únicamente debe verificar que se cumplan los requisitos previstos en el Tratado de Extradición aplicable, por lo que en su oportunidad el requerido podrá hacer valer lo que conforme a sus intereses convenga ante la Corte que lo reclama.
La citada persona cuenta con el juicio de amparo para inconformarse en contra del mencionado Acuerdo, de conformidad con lo establecido en la Ley de Extradición Internacional.
Indicó que una vez que dicho Acuerdo quede firme y ejecutable, con base en lo establecido en el Artículo 34 de la Ley en la materia, será la Procuraduría General de la República, la que en el ámbito de sus facultades y atribuciones procederá, en su caso, y en términos de los plazos previstos en el marco jurídico aplicable, a la entrega del extradendus a las autoridades estadunidenses que sean designadas para tal efecto.
En el momento procesal oportuno, se revisará con el vecino país, los esquemas de cooperación jurídica bilateral en sus diversas materias, en beneficio de las respectivas sociedades, apuntó.
Puntualizó que con estas acciones, el gobierno de México hace patente su firme y absoluta determinación de aplicar la ley de forma objetiva e imparcial, que permita transparentar la acción pública en materia de justicia.
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