El secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, aseguró que los contratos derivados de la reforma energética “no los puede rescindir el titular del poder Ejecutivo federal, quienquiera que sea. Sólo lo puede hacer el órgano regulador que tiene la autonomía técnica y de gestión”.
“La revisión administrativa sólo la puede ejercer el órgano regulador por las causas graves establecidas en ley o la rescisión contractual por las causas graves establecidas en el contrato”.
En ambos casos, dijo, si el acto fuera considerado arbitrario y no hubiera una causa fructífera, las empresas tendrían derecho a un sistema de protección de garantías judicial mexicano o en su caso al arbitraje internacional, aseveró.
Expuso que en caso de que se pretendiera echar para atrás todos estos avances, tan sólo para lograr una rescisión contractual se tendría que dar lugar a un arbitraje internacional, cuyo árbitro es determinado por la Secretaría General de la Corte y Arbitraje de la Haya.
Además, el procedimiento se sujeta al Reglamento Derecho Mercantil internacional de la Organización de las Naciones Unidas, aseveró.
Se trata de contratos muy sólidos y agregó que México ya no es un país de un solo hombre, por lo que estas decisiones competen a los órganos reguladores que son integrados por comisionados que nombró el Senado de la República, lo que le da un alto grado de institucionalización y certeza.
Luego de inaugurar este miércoles el Foro Mundial de Regulación de Energía en este sitio de playa, el funcionario federal señaló que volver a un sistema petrolero cerrado, como lo plantea un candidato presidencial, “sería dar un gran paso hacia atrás” y cerraría el mercado que impulsa actualmente a México.
Independientemente de quién resulte triunfador en los comicios de este año, las subastas petroleras no se van a detener “porque perdería México. Se pierden empleos, se pierden productos y se pierde inversión en muchas regiones petroleras del país”.
Declaraciones de candidatos causan ruido en sector gasolinero
Las declaraciones de un candidato presidencial en el sentido de que serán revisados los contratos otorgados en el marco de la reforma energética provocan “muchísimo ruido” a las compañías interesadas en el sector, cuyo horizonte de inversión es de hasta 25 años, afirmó Édgar Gutiérrez Peláez, quien dirige a la empresa mexicana Hydrocarbon Storage Terminal (HST), que planea construir una planta de almacenamiento de combustibles en el municipio mexiquense de Acolman.
El directivo de la firma que está por cerrar tratos con clientes para el almacenaje estratégico de gasolinas y diésel, señaló que la posibilidad de un ajuste regulatorio causa “muchísimo ruido” y podría encarecer los contratos.
Por ejemplo, dice, “los clientes piden que si hay un cambio en la regulación, en el contrato se establezca ‘una salida’. Si hacemos tal cosa ese contrato trae riesgos y entonces el banco me va a prestar a una tasa más alta; al final ese costo se traslada a los servicios que presta la empresa, es decir, el almacenaje del combustible y, en consecuencia, el precio al consumidor final aumenta”.
Aun con la incertidumbre, el proyecto sigue en marcha y su construcción se calcula que inicie en octubre próximo. “La competencia es muy fuerte y eso nos obliga a acelerar, no hacerlo sería más costoso”, además, dijo, existe confianza en la conformación de un Congreso fuerte que funcione como contrapeso a un intento de dar marcha atrás en la apertura del sector.
La macro terminal en el Valle de México requerirá una inversión de 70 millones de dólares, para contar con una capacidad de almacenamiento de 875 mil barriles diarios de combustibles; es decir, entre tres y cuatro días más de inventarios a la zona, que es el mercado más atractivo del país al concentrar más o menos 22% de la demanda a nivel nacional.
La falta de terminales de almacenamiento, adicionales a las que opera Pemex, obliga a los nuevos jugadores del sector a compartir tanques y ductos con la petrolera.
JNO