Como pudo, pero el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Juan Pablo Castañón, reparó su tremendo error de cálculo político.
La semana pasada, ante la embestida de Andrés Manuel López Obrador en contra del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México, Castañón había aceptado establecer una “mesa de análisis del proyecto’’ con representantes de Morena.
¿Negociar con Morena qué?
Los primeros en saltar por dicha “mesa de análisis’’ fueron los socios de la Cámara Nacional de Autotransportes Aéreos (Canaero), quienes finalmente hicieron entrar en razón al apresurado y temeroso dirigente del CCE.
¿Qué autoridad tiene ahora López Obrador para que la cúpula de la iniciativa privada se “siente a analizar’’ un proyecto que está en marcha y que compromete decenas de miles de millones de dólares?
López Obrador no es sino un candidato presidencial más que puede decir incluso que venderá el nuevo aeropuerto “si gana’’, pero en este momento no tiene ninguna autoridad ni representatividad más allá de la presidencia de su partido.
Concederle trato de Presidente electo fue un gravísimo error de Castañón que provocó que se encendieran las alarmas no sólo en el sector privado, sino en el gobierno y hasta en el extranjero, pues muchas transnacionales tienen invertidos grandes capitales en la llamada obra del sexenio.
Ayer el CCE y otros organismos empresariales, como la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (Concamin) y la Cámara de la Industria de la Construcción (CMIC) firmaron un comunicado en el que piden “a los partidos políticos’’ certidumbre jurídica para las inversiones y respetar “los compromisos contraídos para el desarrollo de la infraestructura’’.
Los organismos empresariales aseguraron que la viabilidad del aeropuerto no está en duda y que la reunión “a la que se ha convocado a los equipos técnicos de los candidatos a Presidente de la República es informativa de las características del NAICM y que de ninguna manera pretende tener carácter sancionador de la validez de la obra’’.
Menos mal.
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Hablando de certezas jurídicas, el secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, y el director general de Pemex, Carlos Treviño Medina, deberían estar atentos a lo que ocurre en la Compañía Mexicana de Exploraciones (Comesa), filial de la empresa productiva del Estado.
Sucede que hace unos meses renunció su director general, Adán Oviedo Pérez, quien fue sustituido por la contadora pública Maricela González Méndez.
El problema es que la nueva directora es inalcanzable para directores de empresas, de bancos, bueno, ni a senadores que le han solicitado audiencia ha recibido.
El asunto se agrava cuando los proveedores de Comesa reclaman pagos atrasados de, por lo menos, cuatro meses.
Por ejemplo, a la empresa Global BKN Services Oil and Gas S de RL de CV le adeuda 9.42 millones de dólares y, por angas o mangas, no paga.
Conste que se trata de dar garantías y certeza jurídica a los inversionistas.
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En los pasillos del PRD se comenta que los Chuchos, que habían escriturado el partido a su nombre, colocaron en el número siete de la lista de candidatos a diputados federales por la vía plurinominal a su operador financiero, Luis Espinosa Cházaro, cuando esa posición le correspondía al grupo de Miguel Ángel Mancera y ésta había sido reservada para Luis Serna.
Espinoza Cházaro compitió por la delegación Cuajimalpa en 2015, y la perdió; desde entonces no tenía presencia política en la capital del país.
Pero la actitud de los Chuchos le permitirá regresar a San Lázaro; no le hace que se vea como otra traición al equipo de Mancera.
JNO