Mucho se ha especulado sobre el futuro del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México (NAIM), principalmente cuando Andrés Manuel López Obrador ha asegurado que, de llegar a la Presidencia, revisará los contratos de la obra y, si es necesario, los cancelará e, incluso, podría elegir otro lugar para edificarlo.
En principio, creo oportuno apuntar que, como también lo ha señalado el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, y Ricardo Anaya, candidato a la Presidencia de Por México al Frente, la construcción de un nuevo aeropuerto en la ciudad no sólo es necesario, sino que es urgente y no está sujeto a los exabruptos verbales en aras de obtener votos a toda costa. Además, está visto que no tiene la menor intención de cancelarlo; son puntadas en aras de tener la atención mediática, por eso su reunión con integrantes del Consejo Coordinador Empresarial para abordar el tema e intentar calmar los ánimos con los supuestos “acuerdos” a los que llegaron.
Tal parece que el tabasqueño y sus asesores no han contemplado la importancia de este proyecto y el impacto que puede generar en cualquiera de los dos casos: si se concluye o se cancela. En primera instancia, debemos analizar que MITRE, una empresa americana que asesoró el proyecto, es una corporación prestigiada a nivel internacional con 60 años de experiencia en asesoría de aviación, defensa, seguridad nacional y cibernética, lo que le ha valido para modernizar o crear aeropuertos en decenas de países, incluidos Reino Unido, Francia, China y Rusia.
MITRE ha dedicado casi dos décadas al estudio y análisis del NAIM, y requirió de una investigación de siete años para configurar la colocación de las pistas con base en la orografía, operatividad aeronáutica, seguridad de vuelo y patrones de viento en la zona.
Habría que recordar a Obrador que de concluirse el nuevo aeropuerto, se convertirá en uno de los más complejos y avanzados del mundo y podría ser el primero, sin contemplar a Estados Unidos, con tres pistas simultáneas de despegue y aterrizaje. Todo esto generaría más de 450 mil empleos y, por su ubicación, reduciría la contaminación atmosférica y auditiva que actualmente padecen los habitantes de la Ciudad de México con el Aeropuerto Internacional Benito Juárez.
Por otro lado, si se cancela, se perderían 120 mil millones de pesos y 70 mil empleos para finales de 2018, además de 450 mil plazas que ya no se crearían, se desperdiciarían veinte años de trabajo e investigación y frenaría el desarrollo internacional que este nuevo aeropuerto puede dejar en México en un mediano y largo plazo. ¿Vale la pena aferrarse a una locura de tales dimensiones?
JNO