El Parlamento de Cataluña, de mayoría independentista, reclamó hoy la libertad “inmediata” de los políticos encarcelados provisionalmente por el proceso secesionista y el “derecho” de Carles Puigdemont, reclamado por la Justicia española, a ser elegido de nuevo presidente regional de Cataluña.
Puigdemont (JxCat), presidente de Cataluña entre 2016 y 2017, fue detenido el domingo pasado en Alemania en virtud de una orden europea de búsqueda y entrega dictada por el juez español que investiga el proceso independentista ilegal iniciado en Cataluña en 2017.
Elegido diputado regional en las elecciones de diciembre pasado, el ex gobernante catalán renunció “provisionalmente” el 1 de marzo a ser candidato a la reelección como presidente de Cataluña.
El Tribunal Constitucional (TC) español había advertido de que el Parlamento catalán no lo podía elegir sin su presencia, pues había marchado el extranjero el 30 de octubre para eludir la acción de la Justicia.
El Parlamento catalán también defendió hoy el “derecho” a ser elegidos de otros dos líderes independentistas, Jordi Sánchez y Jordi Turull (JxCat), ambos en prisión provisional.
Sánchez renunció también a ser candidato porque no obtuvo permiso judicial para someterse a la sesión parlamentaria de investidura, mientras que Turull no pudo presentarse a una segunda votación para su elección -perdió la primera- porque fue procesado y encarcelado el viernes pasado, como otros líderes independentistas.
Así, con los votos de los separatistas, el Parlamento regional aprobó comprometerse a “adoptar todas las medidas necesarias para garantizar” que Puigdemont, Sánchez y Turull “puedan ejercer sus derechos políticos”, incluido “el derecho a someter a debate y votación plenaria su candidatura para ser investidos”.
La petición de libertad para ellos fue respaldada, además, por Catalunya en Comú-Podem (izquierda partidaria de un referéndum sobre la independencia pactado con las autoridades estatales).
Ciudadanos (liberales), el grupo con más diputados, rehusó participar en la votación al considerar “una barbaridad” decirle a la Justicia “lo que tiene que hacer”.
El Ejecutivo español, amparado en la Constitución, destituyó a Puigdemont y a todos sus consejeros el 27 de octubre de 2017, después de que el Parlamento de entonces aprobase una declaración a favor de la independencia unilateral de Cataluña, y convocó las elecciones regionales de diciembre.
Simultáneamente se desarrollaron las investigaciones judiciales sobre el proceso independentista, que culminaron viernes pasado con el procesamiento por rebelión de 13 líderes catalanes.
El juez Pablo Llarena ordenó prisión sin fianza para cinco -incluido Turull- y pidió la detención de cuatro huidos al extranjero, como Puigdemont y la dirigente de ERC Marta Rovira. Otros cuatro, como Sánchez, ya estaban encarcelados provisionalmente.
TFA