La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación 06/2018 relacionada con el caso de personas que arrendaban cajas de seguridad de una empresa privada ubicada en Cancún, Quintana Roo.
En un comunicado, la institución explicó que el exhorto se derivó de “la falta de la debida diligencia ministerial y excesos durante la ejecución de una orden de cateo, atribuibles a personal de la Procuraduría General de la República (PGR)”.
Actuaciones que, de acuerdo con el documento dirigido al subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales en Suplencia del Procurador General de la República, Alberto Elías Beltrán, derivaron “en violaciones a los derechos humanos, a la legalidad y seguridad jurídica en agravio” de los arrendatarios.
Precisó que se estableció que el cateo mencionado fue en principio autorizado judicialmente; sin embargo, no se informó al juez de control que “el objeto de esa diligencia era una empresa privada abierta al público con giro de renta de cajas de seguridad y resguardo de valores”.
De esta manera, “al no tener la certeza de que todas las cajas pertenecían a una misma persona, es evidente que no procedía el aseguramiento de ningún bien u objeto que no estuviera relacionado con la investigación ministerial, condición ´sine qua non´ para efectuar un aseguramiento”, acotó.
Indicó que de esta situación el 31 de octubre de 2017 se interpuso ante la comisión queja de la que se inició el expediente CNDH/2/2017/7982/Q, en el que se acreditaron irregularidades atribuibles a un Agente del Ministerio Público de la Federación encargado de la ejecución y al Fiscal Coordinador de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO).
El funcionario de la SEIDO no supervisó la correcta actuación del Agente del Ministerio Público para que desarrollara el cateo conforme a derecho y respeto a los derechos humanos, y “permitió que durante la devolución de pertenencias violara los derechos básicos de las personas que no estaban relacionadas con los hechos investigados”.
La CNDH expuso que tras conocer por los medios de comunicación del operativo en el negocio, los dueños de las pertenencias guardadas en cajas de seguridad acudieron al lugar para recogerlas pero el personal uniformado se los impidió y que posteriormente, al intentar recuperarlas, se les habría condicionado la entrega.
Por ello, acotó, en su recomendación establece que “ninguna autoridad de ningún orden de gobierno, ni persona que labore en dependencias gubernamentales, tiene facultades para condicionar o impedir que alguien acuda a la comisión” para presentar o continuar una queja, pues es violatorio de los derechos humanos y motivo para fincar una responsabilidad.
Invitó a la autoridad responsable a que, conforme a derecho, se devuelvan lo más pronto posible las pertenencias a las personas usuarias de las cajas de seguridad que aún no se han devuelto, así como a colaborar con la CNDH en el seguimiento de la queja y la denuncia, así como castigo a los responsables.
Igualmente recomendó que en un “plazo de cuatro meses a partir de la aceptación de esta Recomendación, deberá diseñar e impartir un curso a todo el personal ministerial de la PGR que intervenga en operativos de cateo, y elaborar un protocolo de actuación homologado sobre la debida diligencia ministerial apegándose a los artículos 14 y 16 constitucionales”.
El organismo nacional exhortó a “las autoridades de todos los niveles de gobierno a que ajusten su normatividad al espíritu protector de derechos humanos de la Constitución Mexicana y legislación de la Comisión Nacional”.
aarl