El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general y particular con 205 votos en favor y 168 en contra la creación de la Ley General de Comunicación Social, con que se reglamenta la publicidad gubernamental y transparenta la relación entre medios de comunicación y autoridades.
Tras un debate con 61 artículos en reservas de los partidos Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD), Revolucionario Institucional (PRI), Verde Ecologista de México (PVEM) y Movimiento Ciudadano y Morena, los legisladores dieron “luz verde” al dictamen que fue enviado al Senado para sus efectos constitucionales.
Al fundamentar el dictamen, Mercedes del Carmen Guillén Vicente recordó al pleno que en noviembre de 2017 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió una sentencia que obliga al Congreso de la Unión a reglamentar la Fracción VIII del Artículo 134 constitucional a más tardar el 30 de abril de 2018.
Por ello, dijo que el dictamen para expedir la Ley General de Comunicación Social prevé el manejo transparente de los recursos públicos con plena responsabilidad y donde destacan los principios de racionalidad, economía y transparencia.
Calificó la ley como un avance fundamental, pues implica que se propone fiscalizar el gasto en comunicación social de todos los poderes, de los tres órdenes de gobierno y los entes públicos para someterlo a principios de racionalidad, economía, transparencia.
Ello con el fin de evitar la improvisación y que se establezcan mecanismos para una estricta evaluación de la comunicación social, al tiempo que se presentarán programas anuales de comunicación e informes periódicos desglosados que cumplan con el sistema público de la Secretaría de la Función Pública.
De esa manera la comunicación social de todas las entidades públicas en adelante habrá de someterse a una planeación más rigurosa, deja de ser sujeto de improvisaciones y asume con toda claridad criterios técnicos.
Además en los términos de la ley propuesta representa avances de vanguardia para abrir y transparentar la relación del Estado mexicano y todas las entidades que lo componen, y con los medios de comunicación a través de la creación del Padrón Nacional de Medios de Comunicación que queda a cargo de la Secretaría de Gobernación.
Asimismo, dijo, se aborda el capítulo referente a infracciones y sanciones. En este punto “podemos dejar constancia que la violación o incumplimiento de las disposiciones serán acreedoras tanto a sanciones administrativas como a querellas de orden penal conforme a la legislación vigente”.
Afirmó que se trata de dar continuidad a la tercera generación de reformas en materia electoral y garantizar, al mismo tiempo, que el objetivo de toda comunicación gubernamental se realice con las mejores prácticas y los más estrictos criterios de utilidad pública.
Sin embargo, diputados de los partidos Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD) y de Morena presentaron por separado mociones suspensivas para que el dictamen no fuera discutido y votado porque, a su decir, no cumplía con la sentencia de la Corte de reglamentar la propaganda gubernamental.
Entre los avances de la Ley está transparentar la relación de medios de comunicación y autoridades, que exista veracidad en la información, y reducir gastos de comunicación en todos los órdenes de gobierno.
Las mociones fueron rechazadas con 194 votos del PRI, Nueva Alianza y Verde Ecologista, mientras el bloque PAN, PRD, Movimiento Ciudadano y Morena solo alcanzó a sumar 168 votos.
ot