FOTO: Reuters Curiel dijo que la ley era constitucional y le daba al Departamento de Seguridad Nacional una gran libertad en materia de seguridad fronteriza  

El procurador de California, Xavier Becerra, anunció que apelará el fallo del juez federal estadunidense con sede en San Diego, que autorizó a la administración del presidente Donald Trump a construir nuevos muros fronterizos a pesar de las demandas de violación de leyes federales.

 

El procurador Becerra y el Centro de Diversidad Biológica Center presentaron los avisos formales de apelación para revocar una decisión anunciada en febrero pasado por el juez de la Corte de Distrito de Estados Unidos, Gonzalo Curiel, quien en meses pasados fue criticado por Trump debido a sus raíces mexicanas.

 

Para Curiel, el gobierno federal no abusó de su discrecionalidad al suspender las leyes ambientales, en su apuro por poner en marcha los proyectos de erigir muros a lo largo de la frontera en el suroeste del país.

 

Tras el fallo, el Centro de Diversidad Biológica anunció su apelación, mientras que Becerra señaló la posibilidad de que el estado pida revisar la decisión en la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito de Estados Unidos.

 

 

“Cuando dijimos que un muro medieval a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México no pertenece al siglo XXI, lo decíamos en serio”, señaló el procurador.

 

 

“Existen leyes ambientales y de salud pública, y seguimos creyendo que la administración de Trump está violando esas leyes. No nos quedaremos de brazos cruzados. Estamos comprometidos a proteger a nuestra gente, nuestros valores y nuestra economía del exceso federal”, advirtió.

 

Las demandas cuestionaron una ley que permitió al gobierno federal no cumplir con las leyes y regulaciones ambientales al construir proyectos de seguridad fronteriza.

 

Argumentaron que esa ley estaba desactualizada y que el Congreso nunca tuvo la intención de que fuera una exención para todos los proyectos fronterizos, y sostuvieron que violaba las disposiciones constitucionales de separación de poderes y los derechos de los estados.

 

En su decisión, Curiel dijo que la ley era constitucional y le daba al Departamento de Seguridad Nacional una gran libertad en materia de seguridad fronteriza.

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