El pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general y particular el dictamen que expide la Ley General de Comunicación Social (conocida como de Propaganda Gubernamental), cuyo propósito es establecer las normas a que deberán sujetarse los entes públicos a fin de garantizar que el gasto en la materia cumpla con los criterios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez.
En el documento avalado en lo general, con 205 votos a favor, 0 abstenciones y 128 en contra, se precisa que los medios de comunicación tendrán garantizado el pleno ejercicio del desarrollo a la libertad de expresión en la contratación y difusión de propaganda gubernamental.
El dictamen, enviado al Senado de la República, precisa que la ley será aplicable a cualquier campaña de comunicación social pagada con recursos públicos, que sea transmitida en el territorio nacional o en el extranjero; los tiempos oficiales serán utilizados por los entes públicos que tengan acceso a ellos, para la difusión de contenidos de carácter institucional y con fines informativos, educativos, culturales y otros asuntos de interés social.
Entre otros temas, en casos de emergencia derivados de salud, desastres naturales o de protección civil, los sujetos obligados podrán difundir campañas de comunicación social necesarias para mantener informada a la población.
La Secretaría de Gobernación (Segob) será la que administre el uso de los tiempos de Estado y de los fiscales, conforme a lo dispuesto por la Ley Federal de Telecomunicaciones, salvo en el caso de los que administra el Instituto Nacional Electoral.
En la fundamentación del dictamen, la presidenta de la Comisión de Gobernación, Mercedes del Carmen Guillén Vicente (PRI), recordó que en noviembre de 2017, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió una sentencia que obliga al Congreso de la Unión a emitir una ley que regule el párrafo octavo del artículo 134 constitucional, en referencia a la publicidad oficial, a más tardar el próximo 30 de abril.
PUNTOS CLAVE
Temas destacados
Éstos son algunos de los puntos a destacar de la ley avalada por los diputados
Durante el tiempo que comprendan las campañas electorales deberá suspenderse la difusión de toda campaña de comunicación social en los medios.
Se fiscalizará el gasto en comunicación social de todos los Poderes, de los tres órdenes de gobierno y los entes públicos para someterlo a principios de racionalidad, economía y transparencia.
Se deberán presentar programas anuales de comunicación e informes periódicos desglosados que cumplan con el sistema público de la Secretaría de la Función Pública.
La comunicación social de todas las entidades públicas habrá de someterse a una planeación más rigurosa.
La violación o incumplimiento de las disposiciones implicarán sanciones administrativas y querellas de orden penal.
JNO