Buenos Aires.- La justicia argentina comenzó un juicio en el que reconoce por primera vez el delito de un travesticido realizado en este país, en un caso que puede sentar precedentes para los derechos de la diversidad sexual en América Latina.
La causa que es analizada por un tribunal desde el pasado 12 de marzo se refiere al asesinato de Diana Sacayán, una de las activistas de la comunidad lésbico, gay, bisexuales y transexuales (LGBT) más importantes de la región.
Sacayán fue asesinada entre el 10 y el 11 de octubre de 2015 en su departamento de un barrio del sur de Buenos Aires, y hasta ahora el único acusado del crimen es Gabriel David Marino, de 25 años, aunque se sospecha que hubo otro cómplice que todavía no ha sido identificado.
Nacida en la provincia de Tucumán, la dirigente abrazó su identidad travesti desde la adolescencia y recorrió un largo camino de militancia en derechos humanos y contra la discriminación por orientación sexual tanto a nivel nacional como internacional.
Su asesinato provocó una conmoción en diversos colectivos sociales de un país que ha logrado avanzar en derechos como el matrimonio igualitario y la ley de identidad de género.
Más de dos años después de su muerte comenzó el juicio en el que, por primera vez en la historia de Argentina, se investiga el delito de “travesticidio”, es decir, un crimen de odio a la identidad de género.
En las audiencias, que suelen ser acompañadas por movilizaciones de activistas frente a tribunales, se han mostrado las fotos de la autopsia que comprobó que la dirigente murió maniatada, amordazada, a puñaladas y con múltiples lesiones.
La trascendencia internacional del juicio quedó en evidencia en la audiencia del pasado 27 de marzo, ya que fue invitada a declarar la antropóloga mexicana Amaranta Gómez Regalado, indígena muxe (Oaxaca) y una reconocida activista trans de su país.
Según reportó la Agencia Presentes, Gómez Regalado contó cómo conoció a Sacayán y dio una clase magistral sobre identidad de género, política, cultura y violencia, enmarcada en la situación regional.
“Vengo del Istmo de Tehuantepec, de Oaxaca, provengo de la etnia zapoteca, soy antropóloga de la Universidad Veracruzana. Llevo más de 22 años en el activismo de los derechos humanos, los derechos de la población trans, indígena y la salud sexual”, explicó ante el tribunal.
Luego precisó que “trans” es una nueva categoría política “que permite visibilizar las necesidades de la población travesti, transgénero y transexual. Transitar los géneros. Jugar con la biología que no se conforma haber nacido femenino o masculino”.
De acuerdo con datos de la Comunidad Homosexual en Argentina (CHA), el año pasado hubo en este país por lo menos 16 travesticidios, por lo que el caso Sacayán puede ayudar a combatir la indiferencia e impunidad que caracteriza a estos asesinatos.
De fondo está, además, la vulnerabilidad que suelen enfrentar las travestis, quienes suelen ser rechazadas en sus familias y, ante la falta de respeto a su identidad sexual y la carencia de opciones laborales, encuentran en la prostitución una forma de sobrevivencia.
La violencia sistemática en contra de esta comunidad se traduce en una expectativa de vida en promedio de entre 32 a 40 años, situación que colectivos por la diversidad sexual intentan combatir.
fahl