El Senado de la República aprobó por mayoría de votos la reforma presentada en la Cámara baja que propone aumentar las penas por el robo y delitos en materia de hidrocarburos y cuyo origen se encuentra en una petición realizada por el ahora ex gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle Rosas, a los legisladores federales.
En esta reforma no sólo se incrementa de 20 a 30 años de cárcel por dichos delitos, sino también la proporcionalidad de las sanciones dependiendo de la cadena delictiva donde los infractores se involucren, con penas desde cuatro años.
Las modificaciones fueron realizadas a la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos en sus artículos 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19, cambios avalados con 66 votos a favor, 12 en contra y una abstención del pleno en el Senado.
Con la nueva ley, que entrará en vigor una vez que se publique en el Diario Oficial de la Federación (DOF), se contempla una sanción de 20 a 30 años de cárcel y una multa de entre un millón 612 mil pesos a dos millones 15 mil pesos a quien robe combustible de vehículos, ductos, equipos o en instalaciones.
En tanto, quien comercialice el hidrocarburo robado sin autorización —dependiendo de los litros que intente vender— tendrá un castigo de cuatro a 17 años de prisión y una multa económica que va de los 322 mil 400 pesos a un millón 370 mil 200 pesos.
Para quien “facilite, colabore o consienta” que se lleve a cabo cualquier ilícito en materia de hidrocarburos y no denuncie, puede alcanzar una pena de entre nueve y 16 años de prisión y una multa de 483 mil 600 pesos y un millón 289 mil 600 pesos.
Asimismo, a quien obligue o intimide por cualquier tipo de violencia a cometer un ilícito en esta materia a quien preste servicios para asignatarios, contratistas, permisionarios, distribuidores u órganos reguladores podrá recibir penas de 10 a 14 años de prisión y una multa de 806 mil pesos a un millón 128 mil 400 millones de pesos.
Las sanciones económicas están basadas en el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente, que a la fecha es de $80.60.
A un año de la propuesta
La reforma fue puesta sobre la mesa en la sesión del 8 de abril de 2017 por el legislador federal poblano, Eukid Castañón Herrera, la cual fue aprobada 20 días después en la Cámara de Diputados.
En aquella ocasión, Castañón Herrera expuso ante el pleno de la Cámara baja: “La reforma de hoy guarda una característica en la desindexación del salario y establece la proporcionalidad de las penas en función de lo que se está haciendo en la cadena de valor de este delito, si bien es cierto que hay penas de 30 años, también hay penas de cuatro, es decir, hay proporcionalidad.
“Tengo que expresar que lamentablemente para el pueblo de México esto ya no es un asunto estrictamente de delincuencia organizada. Señores, hoy niños y niñas están involucrados como halcones para cuidar a aquellos que sustraen y lucran con los hidrocarburos”, expuso.
Durante ese lapso, el robo de combustible había incrementado en todo el país y sobre todo en la entidad, pues Pemex reportaba en 2014 que cada dos horas eran ordeñados sus ductos para extraer gasolina, diésel, gas, petróleo crudo y petroquímico. A la par, crecía la incidencia delictiva a nivel nacional en dos mil 622%.
Petición de dos gobernadores
Ante tal panorama, el entonces gobernador del estado Rafael Moreno Valle solicitó en su último informe de gobierno, el 15 de enero de 2017, a los legisladores federales revisar las leyes para castigar a los huachicoleros.
Lo anterior, pues éstos gozaban de impunidad ante varios vacíos legales, entre ellos que el delito de robo de hidrocarburo no era considerado como ilícito grave a pesar de estar involucradas células del narcotráfico.
A la demanda se unió el actual gobernador José Antonio Gali Fayad, quien impulsó una lucha frontal contra las bandas dedicadas al huachicoleo y cabildeó la aprobación de la reforma contra los chupaductos.
Por ello, el legislador federal panista además de la reforma presentada a la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en materia de Hidrocarburos, también planteó la reforma al párrafo segundo del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Ello, debido a que a la fecha el Ministerio Público sólo puede solicitar al juez prisión preventiva en casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro y trata de personas.
Así como ilícitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos y “delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y la salud”.
Con la reforma, que aún se encuentra en análisis en la Cámara baja, se incluiría tanto la perforación de ductos, traslado y almacenamiento, así como la compra y venta del combustible hurtado.
De esta forma, el Ministerio Público ya no tendría que solicitar a un juez la prisión preventiva, pues automáticamente las personas detenidas por estos delitos no podrían acceder a fianza ni continuar con el proceso en su contra en libertad, como ha sucedido en varias ocasiones.
Diagnóstico de la gravedad del huachicoleo
De acuerdo con datos de la consultora Etellekt contenidos en su estudio Situación actual y perspectivas sobre el robo de hidrocarburos —retomado en la exposición de motivos de la propuesta del legislador poblano—, desde 2010 los cárteles del narcotráfico diversificaron sus actividades ilícitas.
Fue así como utilizaron el robo de hidrocarburos como una fuente de ingresos para la compra de armamento, vehículos, elaboración de drogas sintéticas y el pago de nóminas.
Por ejemplo, para el Cártel de Sinaloa —estado que concentra 13% de las tomas clandestinas del país— el huachicoleo se convirtió en su segunda actividad de ingresos, con el robo de pipas y la ordeña de ductos de Pemex.
La problemática se incrementó cuando se detectó que 805% del combustible robado era llevado a las franquicias de Petróleos Mexicanos, pues mientras se abrían más sucursales, la venta de hidrocarburos disminuía, lo cual era atribuido a que existía un canal paralelo de comercialización del producto robado por el crimen organizado y no sólo se vendía al menudeo.
JNO