Hace ocho días le contaba que la semana pasada sería clave para las discusiones en torno a la llamada Comisión Nacional de Búsqueda, la cual a principios de marzo se había determinado perteneciera a la Comisión Nacional de Seguridad, situación que molestó a víctimas, familiares y organizaciones civiles.
En ningún momento se pensó que las pláticas llevarán a un acuerdo expedito, sin embargo fue el jueves pasado que tras una reunión -en realidad muy corta, pero sustancial- con el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, los familiares y organizaciones civiles fueron notificados que dicha comisión ahora sería un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, situación que ayudaría a que fuese autónoma e iniciara a trabajar.
Pasaron menos de 24 horas, y la mañana del viernes en el Diario Oficial de la Federación ya venía publicado el acuerdo, lo conversado con Navarrete Prida, mismo que entró en vigor el sábado pasado.
Lo relevante de dicho cambio es que dicha comisión ya está facultada para iniciar no sólo la búsqueda de personas desaparecidas, sino también para iniciar investigaciones de aquellas personas que se encuentran en calidad de desaparición forzada, es decir, que hay un policía o una autoridad involucrada en este delito. Además, mediante el modelo planteado en la Ley General también se buscará velar por la localización de los policías desaparecidos que ni siquiera han podido ser localizados por la Comisión Nacional de Seguridad u otras instituciones.
Sumado a ello, Navarrete Prida se comprometió a crear un espacio para las familias de desaparecidos en la próxima reunión de la Conferencia Nacional de Gobernadores, además de generar mayores iniciativas en materia de declaración de ausencia por desaparición.
Parte central en la reunión que llevarán a cabo los familiares de desaparecidos con los gobernadores en el próximo encuentro de la Conago es que expondrán que en la mayor parte de los estados no se ha implementado la Ley General en Materia de Desaparición Forzada, Desaparición por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda.
De acuerdo a dicha legislación, cada entidad federativa tendría ya que tener un área específica de investigación de casos de desaparición dentro de las fiscalías o procuradurías. A lo que la Secretaría de Gobernación se comprometió a apoyarlos mediante el financiamiento a las entidades para la creación de las instancias de búsqueda e investigación de casos de desaparición.
Dentro de los acuerdos alcanzados y que veremos también ejecutados esta semana, será el de trabajar en la elaboración de un reglamento de la ley para la conformación del Consejo Nacional Ciudadano, cuyos integrantes serán elegidos estos días en el Senado de la República.
Y es que no hay que olvidar que este tema no es sencillo, ya que tan sólo estos meses hemos conocido diversos casos que han ocurrido en Jalisco, primero con unos ciudadanos italianos y semanas más tarde con la desaparición de tres estudiantes de cine.
Datos del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas en el periodo comprendido entre 2007 y enero de 2018, señalan que Tamaulipas es el estado con más personas desaparecidas en el país con un total de seis mil 129 casos, le sigue el Estado de México -con tres mil 861- y el tercero es Jalisco, con tres mil 88.
@osdtagle