Nunca podré llegar a entender por qué los políticos independentistas catalanes quisieron hacerse el harakiri o convertirse en Juana de Arco.

Tras la celebración del referéndum ilegal en octubre pasado y la posterior Declaración Unilateral de Independencia, los que lo hicieron cometieron un delito muy grave, y eran plenamente conscientes de ello.

Pusieron al Estado contra las cuerdas.

En junio pasado entrevisté en Barcelona al entonces Presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont. En octubre lo hice a varios de sus consejeros.

La impresión que tuve es que se trataba de gente ilustrada, con sus cabezas bien amuebladas que estudiaron en significativas facultades. Es el caso de Jordi Turull, que es licenciado en Derecho y fue profesor asociado a la Universidad Autónoma de Barcelona, donde impartió la asignatura de Políticas Sociolaborales. Y como Turull, el resto de los ahora procesados tienen carreras profesionales similares.

Siendo gente tan preparada, nunca pensaron que arruinarían sus vidas si seguían por el camino de declarar la independencia y de que el Estado de Derecho se pondría en marcha.

Porque hoy, después de la bravuconada de realizar el referéndum ilegal y de declarar la independencia de manera unilateral, se encuentran casi todos en prisión. Y digo casi todos porque seis de ellos, bastante cobardes, por cierto, huyeron de España para no tener que dar cuentas a la justicia española.

Porque no sólo es el hecho de ingresar en prisión; también es el tiempo. El delito de rebelión conlleva penas de cárcel de hasta 30 años y el de malversación de caudales públicos, hasta 10. Una vez que están en prisión preventiva esperarán al juicio, que previsiblemente comenzará pasado el verano. Cuando la sentencia sea firme volverán a prisión. En otras palabras, que la mayoría de los que preconizaron la separación de Cataluña con respecto de España podrían pasarse 20 años tras las rejas.

Pero no sólo es eso. El día que salgan, que ya no tendrán edad para trabajar, seguirán estando inhabilitados.

Además, tienen que hacer frente a una multa en concepto de responsabilidad civil que asciende a varios millones de euros. Para ello sus familias tendrán que vender los bienes de los que dispongan. Serán familias que se quedarán con lo puesto y sin sus mujeres o maridos, como el caso de la ex presidenta del Parlament Catalán, Carme Forcadell, que lo tiene muy complicado. En la actualidad, la ex presidenta tiene 63 años. A su marido le vi hace unas semanas; el día que ella ingresó en prisión. Es un señor mayor. ¿Qué futuro les espera?
Calibraron mal. Nunca pensaron que el Estado se atrevería a llegar tan lejos; pero lo hizo y de qué manera.

Todavía en septiembre pasado, el Presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, les dijo por enésima vez que “no nos obliguen a hacer aquello que no queremos hacer”. Pero de nuevo les entró por un oído y les salió por el otro.

Eso sí, mientras muchos están en prisión, y me temo que por muchos años, Carles Puigdemont, el ex Presidente catalán, el hoy prófugo, sigue incordiando y malmetiendo. Ahora dice desde Alemania que quiere volver a ser Presidente de la Generalitat. ¿Sabe usted por qué, querido lector? Porque le da oxígeno al famoso “proces”.

El día que dejemos de hablar de él se le acaba el numerito. Ese día está políticamente muerto.