MIAMI.- El Servicio de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE) esta en la mira, luego de que una empresa privada que alberga a los inmigrantes detenidos en Georgia fue demandada por “explotar” a detenidos mediante trabajos forzados.
CoreCivic, bajo contrato del Condado de Stewart, una compañía privada para prisiones que albergan inmigrantes detenidos del ICE, los está obligando a trabajar por un dólar al día en el mantenimiento de una prisión en un esquema para maximizar sus ganancias, según una demanda colectiva encabezada por la organización no gubernamental, Southern Poverty Law Center (SPLC).
Los inmigrantes detenidos en el “Stewart Detention Center” en Lumpkin, Georgia, que se niegan a trabajar son amenazados con el aislamiento y la pérdida de acceso a artículos de primera necesidad, como comida, ropa, productos de higiene personal, así como llamadas telefónicas, en violación de las leyes federales, de acuerdo con la demanda.
Se han presentado demandas similares en California, Washington, Colorado y Texas, que impugnan las prácticas laborales de las compañías privadas de prisiones, según un reporte de SPLC públicado en su pagina web.
“CoreCivic está colocando las ganancias por encima de las personas forzando a los inmigrantes detenidos a realizar trabajos manuales por casi nada, ahorrando millones de dólares que de otro modo proporcionarían empleos y estimularían la economía local”, dijo Meredith Stewart, abogada del SPLC.
“CoreCivic se está llenando los bolsillos al violar las leyes contra la trata de personas”, refirió la letrada.
El programa “Un dólar por día” crea un escenario lucrativo para CoreCivic, en el que los detenidos se ven obligados a comprar artículos básicos de tiendas de CoreCivic, y la forma principal de financiar sus compras es participar en el programa de trabajo que es necesario para la operación de la prisión.
Estos trabajos incluyen la prestación de funciones básicas en las instalaciones como cocinar y limpiar, trabajos para los que CoreCivic tendría que contratar y pagar a empleados externos, señaló la demanda.
Uno de los inmigrates representados en en la demanda, es Wilhen Hill Barrientos, un guatemalteco detenido durante 33 meses mientras su caso de petición de asilo está pendiente.
Hill Barrientos argumentó que cuando llegó a la prisión de “Stewart” tuvo que enfrentar una decisión difícil: trabajar o perder acceso a las necesidades básicas, la seguridad y la privacidad.
Negarse a trabajar significaría que Barrientos no tendría suficiente dinero para pagar las costosas llamadas telefónicas a su familia, y que probablemente sería trasladado de una celda de dos personas a una general que tiene pocos baños, sin iluminación las 24 horas del día y peleas frecuentes; o que sería puesto en confinamiento solitario.
“Cuando llegué a Stewart tuve que hacer una elección: trabajar por unos pocos centavos por hora o vivir sin cosas básicas como jabón, desodorante y comida”, apuntó Barrientos.
De esa forma tuvo que elegir trabajar para vivir con cierta privacidad y mantener el acceso a la tienda administrada por CoreCivic.
“Si no estuviera trabajando nunca podría llamar a mi familia”, denunció Barrientos, quien se emplea en la cocina, y tiene que cocinar comidas para dos mil personas al día.
Barrientos recibe por su trabajo como máximo de cuatro a cinco dólares por día en jornadas de seis a ocho horas de trabajo, cerca de 50 centavos de dólar por hora.
Y como Stewart no tiene personal de cocina remunerado, los oficiales generalmente requieren que Barrientos trabaje los siete días de la semana, incluso cuando está enfermo.
Barrientos fue segregado durante dos meses después de presentar una queja por ser haber sido obligado a trabajar mientras estaba enfermo. Desde el 2014, inmigrantes que han sido y que en la actualidad son forzados a trabajar en centros privados de detención comenzaron a presentar demandas colectivas alegando violaciones similares de las leyes laborales federales y estatales.
NCG