En mi entrega anterior comentaba sobre la importancia que reviste la iniciativa de Ley General de Mejora Regulatoria, que se encuentra en el Senado de la República para actualizar el marco normativo que da sustento a la política en la materia en México. De ser aprobada, esta iniciativa representaría la reforma más importante sobre el tema desde el 2000. El objetivo de la ley es sentar las bases para contar con una política pública de Estado en materia regulatoria y establecer los principios rectores a escala nacional de dicha política. La iniciativa responde así a la idea de mejorar la gobernanza regulatoria y racionalizar la función reguladora del Estado.
En México, al igual que en muchos otros países, dicha función no es exclusiva del poder Legislativo, ya que el poder Ejecutivo, el poder Judicial, los organismos con autonomía constitucional, así como los diferentes niveles de gobierno, entre otros, tienen también facultades para emitir determinados tipos de regulaciones. No obstante lo anterior, llama la atención que el mismo proyecto de ley excluye de su aplicación (salvo por lo que respecta al Catálogo Nacional de Regulaciones, Trámites y Servicios) a los poderes Legislativo, Judicial, a los organismos con autonomía constitucional de los órdenes federal o local, y los organismos con jurisdicción contenciosa que no formen parte de los poderes judiciales. Así, al no estar obligados a observar los principios rectores de la política regulatoria ni a utilizar las demás herramientas previstas, como el análisis de impacto regulatorio, se pierde por completo el espíritu de una política regulatoria de Estado y se diluye en los hechos el objetivo de mejorar y racionalizar la función del Estado en la materia.
Si bien es entendible el argumento del pleno respeto a la independencia de poderes y a la autonomía de algunos organismos, se debería analizar y debatir más ampliamente, tanto en el Congreso como en otros foros, los pros y los contras de excluir de antemano a todos estos reguladores. El sujetarlos -al menos a algunos de ellos-, a través de la ley, a observar los principios rectores de la política regulatoria y a adoptar ciertas herramientas esenciales de la mejora regulatoria, sin que ello implique que sean supervisados por la dependencia del Gobierno federal encargada del cumplimiento de la ley, no necesariamente significa que se viole su independencia o su autonomía.
Mejorar la gobernanza regulatoria implica adoptar un enfoque integral respecto al despliegue de la política en la materia, los principios rectores de la misma y las herramientas regulatorias, extendiéndose a distintos niveles de gobierno, poderes y sectores. Dada su importancia, ojalá que los senadores encargados de dictaminar la iniciativa reparen en éste y otros aspectos del proyecto de ley que pueden ser mejorados. Invertir el tiempo necesario para su análisis y discusión seguramente redituará en grandes beneficios para la sociedad.
@JorLuVR