Será este martes cuando la Mesa Directiva del Senado dé turno a comisiones a la minuta de la Cámara de Diputados en la que se establece la eliminación del fuero a servidores públicos, incluido el Presidente de la República.
De acuerdo con el coordinador de los senadores del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Luis Sánchez Jiménez, se pretende aprobar la minuta tal como la envió la colegisladora, es decir, sin modificaciones, a fin de no retrasar más su aprobación.
Confió en que este miércoles, el proyecto sea aprobado en las Comisiones dictaminadoras para que pase al Pleno en primera lectura y el jueves se apruebe por el Pleno del Senado.
Ello, debido a que el 30 de abril próximo concluye el último período ordinario de sesiones de la actual legislatura. Además, por tratarse de una reforma constitucional, una vez que sea aprobado por ambas Cámaras del Congreso de la Unión, deberá ser avalado por el Constituyente Permanente, es decir, por al menos 17 de los 32 congresos locales.
El senador del Partido del Trabajo (PT), Luis Humberto Fernández, señaló que su bancada no pondrá ningún obstáculo para aprobar la eliminación del fuero.
Recordó que como él, los senadores que abandonaron la bancada perredista y se sumaron al PT, determinaron renunciar al fuero, incluso acudieron hasta la Suprema Corte para solicitarlo; por lo que están en favor de dicha iniciativa.
La minuta aprobada por mayoría en la Cámara de Diputados, cancela la inmunidad procesal a Secretarios de Estado, gobernadores, senadores, diputados, ministros, magistrados, legisladores locales, alcaldes, regidores y concejales, por lo que de caer en algún delito podrán ser procesados penalmente.
Asimismo, mantiene la inviolabilidad de las opiniones de los legisladores y adiciona al artículo 17 constitucional el impedimento para castigar con prisión las conductas que atenten contra el honor de las personas como la difamación, la calumnia y la injuria.
También se quita la facultad de la Cámara de Diputados de declarar si da o no lugar a proceder penalmente contra los servidores públicos que hubieren incurrido en delito, es decir, de retirar o no el fuero.
Asimismo se estipula que las constituciones estatales no deberán establecer prerrogativas o tratos especiales para los funcionarios estatales y municipales, cuando incurran en cualquier tipo de responsabilidad o en la probable comisión de delitos.
De esa manera, las entidades federativas contarán con 180 días, a partir de que entre en vigor el decreto, para armonizar sus constituciones.
JNO