La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó reformar al Artículo 16 Constitucional Política para eliminar la figura del arraigo, en la que una persona es privada de su libertad sin estar vinculada a proceso con el objetivo de ser investigada por las autoridades competentes.
El presidente de la comisión, Daniel Ordoñez, diputado del PRD, explicó que originalmente esta ley se implementó como medida cautelar, con el objetivo de favorecer la investigación en casos de delitos como tráfico de drogas.
“En México el arraigo venía utilizándose no como una medida cautelar, sino como un método de investigación. Esto es, primero se les arraigaba y después se les investigaba, cuando el arraigo originalmente estaba concebido como una medida cautelar, cautelarmente te arraigaban para continuar y desahogar las averiguaciones”, expresó.
El legislador manifestó que actualmente el arraigo viola diversos principios constitucionales: “Viola el principio de presunción de inocencia y se contrapone con nuestro sistema de justicia; se prestaba a abusos (el arraigo)”, agregó.
El perredista explicó que al derogar el párrafo 8 del artículo 16 constitucional, se eliminan las disposiciones que facultan a la autoridad judicial, a petición del Ministerio Público y con respecto a delitos de delincuencia organizada, a decretar el arraigo de una persona hasta por un máximo de 40 días, con el fin de concretar investigaciones.
Por su parte, el diputado del PRI, Arturo Huicochea, señaló que no se está desarmando el poder público, ya que éste cuenta con la prisión preventiva “aquella que puede solicitar de manera justificada, sustentada, viable, legal. De esta forma estamos abatiendo casi hasta eliminar las posibilidades de tortura y el espacio para la desaparición forzada de personas”, indicó.
Esta reforma será sometida en la sesión de este jueves ante el pleno de la Cámara para su posible aprobación.
Antecedentes
En 1983, el arraigo apareció por primera vez en el sistema de justicia mexicano, luego de una reforma al Código Federal de Procedimientos Penales.
En 1996, el arraigo apareció en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.
En junio de 2008 fue incluida en el párrafo octavo del artículo 16 constitucional, como parte de un paquete de reformas de seguridad, a iniciativa del presidente Felipe Calderón.
El arraigo actualmente aplica en delitos de delincuencia organizada y se utiliza principalmente cuando existe el riesgo de que el inculpado se sustraiga a la acción de la justicia.
80 días (en dos períodos de 40) es el límite en que, actualmente, una persona puede ser privada de su libertad mediante el arraigo.
Debaten en el Senado la ley de propaganda
A cinco meses de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó al Congreso de la Unión emitir la Ley General de Comunicación Social (conocida como ley de propaganda), el Senado discutió en el pleno el dictamen, con el cual se busca regular el gasto en publicidad del Gobierno.
La expedición de esta ley se estableció en la reforma constitucional publicada el 10 de febrero de 2014; sin embargo, ante el retraso, el 15 de noviembre de 2017 la SCJN ordenó al Congreso de la Unión legislarla a más tardar este 30 de abril, cuando concluye el actual periodo ordinario de sesiones.
Al cierre de esta edición, los senadores continuaban debatiendo la minuta del dictamen y se preveía su aprobación.
Cabe señalar que la Suprema Corte advirtió al Congreso que habría sanciones por desacato en caso de que no se concretara la ley en el plazo establecido.
Seguridad Privada
Por otra parte, con el objetivo de establecer un nuevo marco normativo para la regulación de la Seguridad Privada, la Cámara de Senadores aprobó, en lo general, la derogación del artículo 152 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Además, expidió la Ley General de Seguridad Privada.
JNO