El pleno de la Cámara de Diputados aprobó con 357 votos en favor, una abstención y uno en contra la minuta que expide la Ley General de Archivos, que tiene por objeto establecer la organización y administración homogénea de registros en los diversos órdenes de gobierno.
El dictamen enviado al Ejecutivo para sus efectos constitucionales establece que la nueva ley determinará las bases de organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Archivos.
Además considera sujetos obligados a cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, institutos constitucionales autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos.
El documento garantiza el principio de transparencia al establecer que toda la información contenida en los documentos de archivo producidos, obtenidos, adquiridos, transformados o en posesión de sujetos obligados será pública y accesible a cualquier persona.
El dictamen, consensuado por la Comisión de Gobernación, actualiza el Sistema Institucional de Archivos para que los sujetos obligados implementen procesos de gestión documental y con ello crear sistemas de información eficientes.
Ello para que favorezcan la toma de decisiones, coadyuven con la garantía de acceso a la información, fortalezcan la rendición de cuentas y contribuyan a enriquecer la memoria colectiva.
Otro punto relevante es que plantea el diseño de instrumentos de planeación y programación en materia archivística a través de programas anuales, a efecto de que los entes públicos en materia de archivos analicen los factores internos y externos.
De igual manera, incluye regulación más puntual en cuanto a las obligaciones de particulares respecto a los documentos de interés nacional que posean, mismos que deberán ser asentados en el Registro Nacional de Archivos.
Deberán ser conservados, preservados y se permitirá el acceso a ellos por ser considerados de interés público.
Además se adicionan disposiciones en materia de protección, salida y restitución del patrimonio documental de la nación, a fin de prevenir y combatir el tráfico ilícito del patrimonio documental, al establecer un catálogo de delitos en la materia que podrían castigarse con multa o cárcel.
El pleno determinó también regresar a la Comisión de Desarrollo Social un dictamen de reformas al Artículo 19 de la Ley General de Desarrollo Social en materia de financiamiento y gasto, que pretendía considerar como prioritarios y de interés público los programas dirigidos al desarrollo de zonas expulsoras de migrantes.
El dictamen que tuvo 173 votos en pro, una abstención y 193 en contra, señala que el cambio permitiría evaluar y dar seguimiento al programa, y fortalecería la participación de los actores; y consideraría la ampliación de las Reglas de Operación del Programa 3×1 para incluir la participación de la iniciativa privada.
También se devolvió a la Comisión de Turismo el dictamen que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General en esta materia, que pretendía incluir el concepto de descanso y recreación, luego de que recibió 172 votos a favor, una abstención y 188 en contra.
NCG