El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó por mayoría calificada, con 334 votos, reformar los artículos 102 y 116 de la Carta Magna, a fin de establecer que las Constituciones de entidades federativas cuenten con fiscalías locales autónomas, dotadas de personalidad jurídica y patrimonio propio.
El documento, remitido al Senado de la República para sus efectos Constitucionales, busca lograr la legalidad, transparencia, imparcialidad y aplicación estricta del derecho en la función de investigación y persecución de delitos en los estados.
De igual manera, determina que titulares de las Fiscalías Generales durarán en el ejercicio de su encargo el tiempo que señalen las Constituciones locales, debiendo ser electos por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la legislatura estatal, a propuesta del gobernador.
La reforma tiene como propósito toral homologar la naturaleza jurídica de los fiscales locales para que se adecuen a la nueva realidad jurídica en su funcionamiento y fines.
Las modificaciones coadyuvarán a que la procuración de justicia y el actuar de cada fiscal, se rija por los principios de autonomía, eficiencia, imparcialidad, legalidad, objetividad, profesionalismo, responsabilidad y respeto de los derechos humanos y que su designación no obedezca a ningún tipo de interés público o privado.
Se dejan reglas claras para el nombramiento de titulares y procesos de designación, y que los actuales titulares en funciones a la entrada en vigor de la reforma, puedan ser considerados en las ternas a ser votadas por el Congreso local.
Detalla que la sociedad civil ha puesto en la agenda legislativa la necesidad de legislar para que los fiscales generales de las entidades federativas, también sean nombrados con total imparcialidad y transparencia.
Al fundamentar el dictamen, el diputado Daniel Ordoñez Hernández (PRD) expuso que la reforma a los artículos 102 y 116 en materia de fiscalías locales determina que las Constituciones de las entidades federativas establezcan la forma de organizar sus fiscalías generales.
Asimismo, garantizar que dichas fiscalías gozarán de autonomía plena, a propuesta del Ejecutivo y con la aprobación de dos tercios de los Congresos estatales, en el entendido de evitar los llamados fiscales carnales, concluyó.
dca